Viernes 17 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Dilapidación de fondos jubilatorios

Al usar con fines políticos los recursos de la Anses, el Gobierno está poniendo en un serio riesgo el futuro de los jubilados

Desde que se estatizó el sistema privado o de capitalización, la Administración Nacional de Seguridad Sociales (Anses) adquirió mayor importancia, ya que no sólo se apropió de los fondos administrados por las AFJP durante 14 años sino que, además, comenzó a recibir mensualmente los aportes jubilatorios que hasta entonces iban a aquel sistema.

Si bien con esa estatización la Anses también contrajo la obligación de hacerse cargo de las futuras jubilaciones de quienes fueron transferidos, en los primeros años esta obligación es poco relevante en comparación con la ganancia inmediata de recursos. Debe recordarse que en 1992, a fin de evitar la quiebra del sistema de reparto, el gobierno nacional consiguió que los gobiernos provinciales cedieran a la Anses el 15 por ciento de la masa de recursos fiscales coparticipables.
Aquel Pacto Fiscal fue convalidado por leyes sancionadas en 24 provincias. Con la ayuda de ese refuerzo de ingresos fue posible la reforma provisional de 1994, que en lo inmediato provocó una merma de los aportes a ese organismo. Al reducirse gradualmente en el tiempo por una mera cuestión biológica el número de jubilados del régimen de reparto, el sistema administrado por la Anses recuperaría su equilibrio y en algún momento dejaría de necesitar refuerzos.
De no haberse suprimido ni limitado el sistema de capitalización, con el correr del tiempo finalmente el Estado argentino habría dejado de tener que hacerse cargo, salvo excepciones, del problema de las jubilaciones. Pero, al revertir en 2008 la reforma previsional, la Anses pasó en el corto plazo a tener una caja con flujo fuertemente superavitario, adueñándose además de un fondo acumulado de casi 100.000 millones de pesos. Así se formó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que pasó a ser el salvavidas fiscal de un gobierno que viene aumentando peligrosamente su déficit debido al fenomenal aumento del gasto. Hasta ahora, en ningún momento el gobierno nacional tuvo la intención de devolver a las provincias la porción detraída de la coparticipación en 1992.
Los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos se presentaron en 2009 ante la Corte Suprema reclamando la devolución de ese 15 por ciento, aunque ninguno dio el paso de denunciar formalmente el Pacto Fiscal mediante una ley provincial. Ahora lo ha hecho el mandatario cordobés, José Manuel de la Sota, en momentos en que la caja de la Anses es utilizada como un recurso esencial para cubrir el déficit del gobierno nacional.
Antes de su estatización, los fondos administrados por las AFJP estaban colocados en un 55 por ciento en títulos públicos. Actualmente, el porcentaje de los papeles del Estado en el FGS llega al 77 por ciento, incluyendo un 15 por ciento que ha sido prestado a entidades gubernamentales para obras de infraestructura cuya baja o nula rentabilidad les impide lograr financiamiento privado. La principal de ellas es la central nuclear Atucha 2, aún no terminada. Estas son obligaciones del Gobierno prácticamente imposibles de cumplir, que a su vencimiento seguramente serán renovadas.
El FGS ha otorgado, por otro lado, una suma importante de créditos promocionales en pesos, a muy baja tasa de interés, con el consiguiente efecto de licuación. Está claro por lo tanto que el Gobierno ha hecho uso abusivo de los fondos de la Anses, no sólo desconociendo el derecho de las provincias, sino aún peor, poniendo seriamente en riesgo el futuro de los jubilados.
Las necesidades inmediatas de caja se han privilegiado en detrimento de quienes son, en realidad, los dueños de aportes que realizan con la esperanza y la ilusión de que les permitirán vivir cuando se retiren de la vida activa.

La Nación