Viernes 24 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

Acuerdo judicial

Insólito: le devolverá al Estado brasileño lo que cobró en coimas

Un ex senador pagará 234 millones de dólares

Por Alberto Armendariz  | LA NACION

RIO DE JANEIRO.- En lo que se considera el mayor acuerdo judicial en un caso de corrupción en Brasil, el ex senador y empresario Luiz Estevão -destituido por sus pares en 2000- se comprometió ayer a hacer algo insólito en la historia latinoamericana: devolver dinero.

El ex funcionario le pagará al Estado 234 millones de dólares por haber desviado a su empresa constructora, en la década de los 90, dinero público que estaba destinado a construir la sede del Tribunal Regional de Trabajo de San Pablo.
Estevão, que en 2006 fue condenado a 36 años de prisión por los crímenes de corrupción, peculado, estafa, uso de documento falso y asociación ilícita, llegó a este inesperado arreglo con la Abogacía General de la Unión para que las cuentas bancarias de su familia sean desbloqueadas y para que su empresa, el Grupo OK, pueda seguir funcionando sin problemas.

Deberá depositar de inmediato 40 millones de dólares en la cuenta del Tesoro nacional; el resto será pagado en 96 cuotas mensuales, informó la Abogacía General de la Unión.
"Es el mayor pago por corrupción en los 500 años de historia de Brasil, por no decir uno de los mayores del mundo. Representa un cambio de paradigma. Es un rescate de valores muy grande y recompone parte del patrimonio público. De esta manera, Brasil entra en el primer mundo del combate a la corrupción", afirmó la fiscal general de la Unión, Helia Bettero.
La sorprendente noticia llega en momentos en que Brasil hace notables esfuerzos por romper con su larga tradición de corrupción en la política.
El año pasado, la presidenta Dilma Rousseff pidió la renuncia de siete de sus ministros acusados por la prensa de irregularidades, lo que despertó una fuerte movilización de la sociedad, que elogió la actitud de la mandataria y exigió más acciones de limpieza.
El mes pasado, el Senado destituyó al legislador Demóstenes Torres, del Partido Demócratas, luego de ser denunciado por tráfico de influencias en una comisión parlamentaria que investiga a una mafia del juego ilegal.

Finalmente, este mes, el Supremo Tribunal Federal comenzó a juzgar a la ex cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), a ex legisladores y a empresarios involucrados en un supuesto esquema de compra de votos que hizo tambalear al gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en 2005; se espera que el juicio termine en septiembre.

Caso

El caso de Estevão, de 63 años y miembro del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se remonta a 1992, cuando la empresa Incal ganó una licitación para construir la nueva sede del Tribunal Regional de Trabajo en San Pablo.
En 1998, una auditoría del ministerio público reveló que los costos habían sido sobrefacturados, que la obra había sido abandonada apenas por la mitad y que existía un contrato por el cual el 90% de las acciones de Incal habían sido transferidas al Grupo OK, presidido por Estevão. Como resultado, el Congreso estableció una comisión investigadora y en 2000 Estevão se convirtió en el primer legislador expulsado del Senado en la historia de Brasil (hasta ahora sólo se le ha sumado otro más, Torres, hace un mes).
En 2006, un tribunal halló culpable a Estevão y a dos de sus socios en la firma Incal. El ex legislador apeló el fallo, pero dos meses atrás el Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena y ordenó mantener el embargo sobre las cuentas y los bienes de la familia de Estevão y del Grupo OK. Ante esta situación, los abogados de la empresa comenzaron a negociar una salida.
"Es una decisión pragmática. Por una cuestión de pragmatismo retomamos la búsqueda de un acuerdo. El Grupo OK resolvió solucionar esta pendencia judicial que ya se arrastra desde hace una década aún cuando entiende que no debía ese valor", señaló ayer el representante legal de la compañía, Marcelo Bessa.
"Pero hoy el 100% de su patrimonio está bloqueado y el grupo quiere volver a la normalidad de su actuación en el mercado", agregó.
La diferencia de valores a la que hizo referencia es porque en el juicio en 2006 se comprobó que Estevão se había apropiado de sólo 85 millones de dólares. Pero la Abogacía General de la Unión le sumó a eso la inflación, los intereses y otros costos.
Como parte central de las negociaciones, el ex senador aceptó devolver todo el dinero exigido.
"Necesito trabajar y cambiar mi vida. Es inadmisible que bloqueen las cuentas de mis hijos y las de la empresa. Es un drama para toda mi familia", dijo el ex senador defenestrado en una entrevista al diario paulista Folha de S. Paulo.
"Continuarán bloqueados los inmuebles que sumen hasta 600 millones de dólares, que es el triple del acuerdo y servirá como garantía. El resto será liberado", explicó Estevão, que continúa alegando que es inocente.
"Por increíble que parezca, aunque yo niegue [el crimen], es mejor pagar y sacarme este aprisionamiento", subrayó.
El inusual resarcimiento a las arcas públicas fue celebrado por los diferentes estamentos judiciales como una señal positiva que debería reforzar la confianza en el trabajo de la justicia.
"Representa un rescate de la fe que el pueblo brasileño tiene en la justicia y en la competencia de los abogados de la Unión", señaló el juez Nelson Nazar, presidente actual del Tribunal Regional de Trabajo en San Pablo, escenario original del caso.
Por su parte, el fiscal del ministerio público Marinus Marsicus aplaudió la conducta de la empresa implicada en el escándalo.
"Este proceso podría haberse desarrollado por largos y largos años. Frente a la firma de este acuerdo, el grupo sale con la cabeza erguida ante la sociedad", apuntó.