Jueves 29 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Progresivo cercenamiento de la libertad

Los indicadores de una gradual pérdida de derechos a costa de crecientes abusos de poder contrastan con el lema oficial que nos invita a "elegir"

En el transcurso de la reciente campaña electoral, el oficialismo impuso un curioso lema que rezaba "En la vida hay que elegir". Resultó llamativo y hasta violento que un gobierno que se ha burlado de ciudadanos que mayoritariamente optaron por la jubilación privada y les manoteó sus aportes, al tiempo que pretende prohibir el ahorro en moneda extranjera y cerrar cada vez más las puertas para salir al exterior, se llene la boca hablando de la libertad de elegir.

Desde esta columna, hemos señalado en reiteradas ocasiones numerosos indicadores de un progresivo cercenamiento de las libertades individuales. El tristemente célebre "vamos por todo" puesto en labios de la presidenta de la Nación ilustra perfectamente la ausencia de límites, los abusos de poder y el creciente intervencionismo en decisiones que deberían quedar libradas a los ciudadanos.

Hace algo más de un año, el Banco Central, por orden del Poder Ejecutivo, dispuso formalmente que no se podían vender divisas al tipo de cambio oficial cuando la finalidad fuera el ahorro. Pese a que, como reza el eslogan oficial, "en la vida hay que elegir", desde entonces el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos indica qué debemos hacer con nuestro dinero.

Hace algunos meses se impuso, con absoluto olvido del Congreso de la Nación, y mediante una simple resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un cargo del 20% sobre los gastos producidos por argentinos en el exterior con tarjetas de crédito o débito, al igual que sobre los pasajes de toda clase con destino a otros países, en lo que constituye una conculcación más de derechos y garantías.

En los últimos días, no sólo ha trascendido que las autoridades nacionales no piensan dar marcha atrás con esa autoritaria medida, sino que se ha comentado en medios políticos que se evaluaría la posibilidad de que, pasadas las próximas elecciones, ese impuesto -que hasta ahora puede ser tomado a cuenta del pago de los impuestos a las ganancias o a los bienes personales- sea elevado considerablemente, con el fin de obstaculizar aún más el turismo de argentinos por el mundo, aunque esta versión fue desmentida anteanoche por el cuestionado titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Claro que ninguna de estas medidas puede sonar extraña con un gobierno que, en su afán de concentrar poder, ha propiciado la sanción de una cuestionada ley de medios audiovisuales; la confiscación de las acciones de la empresa española Repsol en YPF, para luego acordar con la compañía norteamericana Chevron en un contrato seriamente cuestionado; la estatización de la calcográfica Ciccone para de manera amañada esconder un caso ostensible de corrupción, que compromete al propio vicepresidente Amado Boudou, y la democratización o -mejor dicho- el doblegamiento de la Justicia independiente, rechazado por inconstitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco puede sorprender en un régimen que escracha y persigue impositivamente a quienes osen cuestionar sus políticas o simplemente describir una realidad dolorosa, además de someter a muchos empresarios al mandoneo telefónico del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Más allá de la insaciable voracidad recaudatoria, que de enero a la fecha le permitió ingresar a la AFIP unos 4500 millones de pesos por el impuesto a los consumos en el exterior, la reglamentación crea de hecho otro impuesto distorsivo e injusto a quien quiera viajar fuera del territorio nacional, ya sea por necesidad, placer, trabajo o estudio. Obtener las divisas al precio oficial se ha convertido en una quimera, a la cual sólo parecen acceder unos pocos, entre los cuales estarían los funcionarios y los amigos del poder. La mayoría de los ciudadanos comunes debe recurrir al mercado paralelo para hacerse de las divisas necesarias para poder viajar al exterior, cualquiera que sea el destino.

Hace un año el propio Echegaray efectuó un sincericidio al sostener que "el Gobierno quiere que los argentinos veraneen en el país". Con todas las trabas existentes, se grava aún más la propiedad de los ciudadanos, a quienes, pese a contar con dinero obtenido legalmente y aportar una pesada carga impositiva, se les impide y obstaculiza el hecho de decidir sus acciones y ejercer libertades individuales, entre ellas, la de poder viajar adonde quisieran.

Todo Estado tiene la facultad de fijar su política monetaria y cambiaria, ateniéndose a la ley y mientras no se violenten las declaraciones, los derechos y las garantías de la norma constitucional que nos rige. La Constitución es clara al respecto cuando establece de manera taxativa el derecho de "entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino" y el de "usar y disponer de su propiedad". Castigar con un monto pecuniario del 20% es, ante todo, una violación de los principios mencionados, así como el que sostiene que "la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley", instrumento que en este caso no existe ni fue tratado en el Congreso de la Nación.

Que un funcionario cercene, como lo hace la AFIP, la decisión libre de un ciudadano de viajar al exterior, consumir y elegir el destino de sus vacaciones es sin lugar a dudas un abuso de poder, que viola la libertad individual de cada argentino. Hace pocos días, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez declaró que el gobierno kirchnerista "tiene en sus planes establecer la prohibición para salir del país a los ciudadanos" una vez que pasen las elecciones de octubre. Tal consideración puesta en boca de un dirigente político en el contexto de una campaña electoral podría ser evaluada de diferentes modos: podría ser considerada un peligro real o una mera especulación con un interés electoral, pero invita a serias sospechas que semejante acusación no haya sido hasta ahora respondida por ningún funcionario del gobierno nacional.

Un gobierno que ha hecho de la violación serial de la Constitución una costumbre, golpeado por una muy probable derrota electoral y aquejado por una fracasada política económica, cambiaria y energética, podría arrasar con los derechos y las garantías individuales que hoy ya rigen de manera cercenada en su propósito de hacerse de dólares.

Las semejanzas con la Venezuela chavista, donde la fuga de divisas condujo a un cepo cambiario y al despegue de un tipo de cambio paralelo que cuadruplica al oficial y donde existen severísimas restricciones al consumo en el exterior con tarjetas de crédito, son cada vez más evidentes.

Cuando los cambios, por negativos que sean, y las limitaciones a las libertades se producen en forma lenta y progresiva, muchas veces la reacción de la sociedad tarda en producirse, pues se va habituando a esa situación de creciente decadencia. Sucede como en la conocida metáfora de la rana que nadaba tranquilamente en una cacerola de agua fría que estaba siendo calentada lentamente. Cuando el batracio advirtió que la temperatura era insoportable, ya se hallaba muy debilitado para pegar un salto y escapar, por lo que terminó cocinándose y muriendo. Si la misma rana hubiera sido introducida directamente en el agua hirviendo, con un simple golpe de sus patas habría saltado fuera de la cacerola. La metáfora puede reflejarnos a los argentinos en los últimos años, en relación con un sistema de libertades que, paulatinamente, está desapareciendo sin que muchos nos demos cuenta de la gravedad del momento.

Es de esperar que priven la cordura y el sentido común, y no se siga profundizando un esquema autoritario que violenta el principal valor de un ser humano: su libertad

La Nacion