Jueves 15 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Un asesinato cada 40 horas

Debido a la falta de reacción de las autoridades ante el imparable avance de la inseguridad, la vida vale cada vez menos en nuestro país

Entre el sábado último y la madrugada del martes pasado, el territorio de la provincia de Buenos Aires nuevamente fue castigado por la violencia y el delito , registrándose en el lapso de 72 horas cinco homicidios, cuatro de ellos en el conurbano. En dos de esos hechos las víctimas murieron al procurar resistirse a un asalto.

Se trata de una pesadilla de la cual, a la luz de los datos, resulta casi imposible despertar. En efecto, en los primeros seis meses y medio de este año, cada 40 horas fue asesinada una persona a la que intentaron robar en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano o La Plata. Así surge de un relevamiento realizado por LA NACION de los delitos divulgados por el periodismo, y que al cabo de los primeros 202 días de 2013 arrojó un total de 114 personas muertas en asaltos.

Casi la mitad de estas muertes -50- se verificaron en las llamadas "entraderas" en viviendas, un delito en permanente auge y cada vez más violento, como lo confirma el balazo que mató, en Vicente López, a Graciela García. Las 50 muertes en entraderas en poco más de seis meses equivalen a todas las muertes registradas el año pasado en el curso de ese tipo de delito.

Estos números causan horror y apenas alcanzan a dibujar la enorme magnitud del fenómeno delictivo pues, repetimos, sólo se limitan a los casos que tomaron estado público. La vida en la zona de mayor densidad demográfica del país vale cada vez menos y cada vez son más los delincuentes que no vacilan en herir o asesinar a quienes eligieron como víctimas de un robo.

Por eso no causa asombro un muy reciente estudio que reveló que seis de cada diez porteños consideran que su calidad de vida se ve afectada por el delito. Por esta razón, más de la mitad de los encuestados el mes pasado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub) aseguró que modificó su comportamiento para intentar protegerse. La mayoría de los que vieron alterada su vida debido al delito señaló que vive con temor en forma permanente y siempre pendiente de dónde se encuentran sus familiares.

Un tercer estudio arroja resultados similares. Es el realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en hogares de la región metropolitana y de 17 ciudades importantes de la Argentina. Allí se ve que ocho de cada diez personas temen ser víctimas de un delito. Resulta fácil advertir que los miedos que ponen en evidencia los dos últimos sondeos distan mucho de obedecer a lo que funcionarios gubernamentales minimizaron como una mera "sensación". Por el contrario, la sensación, si se quiere llamarla así, obedece a la más cruda realidad, como indican todos los relevamientos serios.

Es un hecho que la delincuencia violenta crece y, por desgracia, seguirá en aumento porque, como hemos repetido en esta columna a medida que se incrementa el flagelo, al gobierno nacional no le importa y prefiere ignorarlo. De esta manera, un problema complejo que requiere un enfoque interdisciplinario para producir líneas de acción que, forzosamente, deberán coordinarse con la ciudad de Buenos Aires y todas las provincias, queda sin solución y deja a la ciudadanía abandonada a su suerte.

¿Que otra cosa podría esperarse de un gobierno que, con similar ceguera, ignora adrede el problema de la droga en sus dos vertientes: la atención a los adictos y el combate al narcotráfico? ¿Acaso no son una prueba irrefutable 143 días de acefalía en la Sedronar? Es sabido que una de las consecuencias de la adicción está dada por los adictos que recurren al delito para financiar su acceso a la droga.

Tampoco pueden ignorarse los crecientes vínculos entre el mundo del delito y algunos miembros de las fuerzas de seguridad, fenómeno que, por desgracia, se repite cada vez con mayor frecuencia en la crónica policial. Paralelamente, desde 2009 la Policía Federal no entrega estadísticas delictivas, como si la ausencia de datos oficiales pudiera disimular el creciente problema.

Por más que el Gobierno pretenda ocultarlo, el auge delictivo es un drama que castiga a todos. En tiempos preelectorales algunos candidatos, conscientes de que este problema figura siempre en las encuestas en los primeros lugares en materia de déficits, han comenzado a mencionarlo, pero un fenómeno tan complejo no admite su manipulación proselitista y debería ser una política de Estado asumida por todas las fuerzas políticas, y el Gobierno tendría que tomar la iniciativa.

Las autoridades y los políticos de la oposición deben comprender que se trata de uno de los terrenos en los que más ha retrocedido nuestro país, un terreno en el que, a diferencia de otros que también se encuentran bajo el signo de la involución, la vida es la moneda con que se paga la criminal indiferencia oficial.

La Nacion