Lunes 12 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial

Uso político de la venta de tierras a extranjeros

Con más demagogia e ideología que criterios fundados, el Gobierno celebra haber cercenado otro derecho reconocido por nuestra Constitución

La inmadurez es un signo de la política nacional de estos tiempos. Se manifiesta como en ningún otro lugar en el elenco gubernamental, pero se hace también un espacio en los partidos de oposición. Lo prueban los ecos suscitados por el relevamiento catastral y dominial de tierras fiscales dispuesto en aplicación de la ley sancionada con el voto favorable del oficialismo y sus aliados, en 2011.

A pesar de que el gobierno nacional ha tomado por hábito falsificar las estadísticas oficiales, se ha dado crédito a la información del Ministerio de Justicia por la que se ha acreditado el grave error de las presunciones de que podía haber en manos extranjeras mucha más tierra de la que realmente existe en esas condiciones. Sólo el 5,93 por ciento, o sea, 15.881.069 hectáreas sobre un total de 267.679.474 hectáreas que integran el territorio nacional, se encuentra en posesión de individuos y personas jurídicas de otras nacionalidades. A la cabeza de estos últimos están los norteamericanos, con 3.042.680 hectáreas; les siguen los italianos, con 2.310.384 hectáreas, y los españoles, con 2.135.340.

Quedó demostrado así que la limitación establecida por la ley de tierras de que los extranjeros tengan como límite el 15 por ciento sobre el total de la superficie territorial para acceder a su titularidad y posesión, está lejos de haberse alcanzado. Esto se ha celebrado con olvido total de que la Argentina cobró su enérgico impulso desarrollista con la Organización Constitucional de 1853

60, cuyo artículo 20, aun por fortuna en vigor, comienza diciendo: "Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes".

La liberalidad de ese enunciado marcó rumbos en el derecho constitucional comparado del siglo XIX y explicó el vertiginoso crecimiento de este país, que en 1910 -en el Centenario? generaba un cincuenta por cierto de riqueza por encima del resto de las economías de América latina. Hoy, muchos políticos, encabezados por quienes han situado con sus hazañas a la Argentina entre los países más corruptos, regulados e inseguros, y con tasas descomunales de tributación fiscal y despilfarro en el gasto público, baten gozosos el parche para que no haya más tierras en manos extranjeras.

¿En nombre de qué superstición "nacional y popular", de la que ha pretendido apropiarse el controvertido jefe del Ejército con ignorancia de lo que significan las fuerzas armadas facciosas, se acuerda tal importancia a un asunto al que los fundadores de la República relegaron en aras de intereses superiores? ¿O es que más extranjeros con posesión y usufructo de tierras no pagarían impuestos, renunciarían a la tecnología que multiplica los índices de productividad, o estarían, por la sola condición foránea, al margen de impulsar con su trabajo y capitales el progreso genuino, y no el camuflado de una pesadísima burocracia estatal? ¿O perturbarían, por si fuera poco, el orden público sin el cual son inconcebibles las sociedades razonablemente organizadas?

Es llamativa la cháchara oficialista sobre materias como ésa cuando las fronteras del país son coladores por los que penetran, sin salvaguardia alguna para los argentinos, gentes de las que no se toma nota sobre sus antecedentes en el país de origen y vienen, en general, a hacinarse en las grandes urbes, agravando así los índices de marginación, pobreza y de carencias sanitarias. Y, sin embargo, esas mismas gentes, según encuestas de las Naciones Unidas, terminan haciendo más esfuerzos que las familias vernáculas para que sus hijos reciban una educación que los prepare para la vida. Lograr de ese modo que la prole responda, por su parte, con mejores calificaciones que los chicos de nacionalidad argentina en las escuelas de estamentos bajos de la sociedad. Gran lección la de aquellos extranjeros, procedentes de países de la región, a los que se suele mirar con recelo.

En momentos en que parece abrirse en el comercio internacional un ciclo descendente de precios agrícolas, y para las materias primas en general, el oficialismo, ávido por hacer negocios políticos de todo tipo con la tierra, está llegando esta vez tarde para sus oscuros propósitos. Ha hecho perder al país una década malgastando lo que expolió del campo y sólo le queda el gesto demagógico de exaltar que sólo en cinco provincias -Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca y Salta- el porcentaje de tierras en manos de extranjeros supera el 10%, aunque sin quebrantar el límite del 15%. Aun pasando por alto que en más de uno de esos cinco casos los porcentajes se deben a la participación de actividades mineras en suelos en que no crece nada, ¿están peor, o no, tales provincias por el dato de que haya más tierras trabajadas por capitales extranjeros?

Como ya hemos dicho desde estas columnas, si lo que preocupara realmente son los recursos naturales argentinos, debería legislarse con más seriedad sobre su utilización. A la luz de la ley de tierras, contraria a preceptos clarísimos de nuestra Constitución, uno podría sospechar si lo que se busca en un futuro es aplicar este tipo de esquemas a emprendimientos de carácter industrial o comercial bajo el pretexto de que generan un beneficio colectivo o que su propiedad en manos de extranjeros representa un peligro para nuestra soberanía.

Se ufana el Gobierno de lo que en realidad es otro freno a la inversión extranjera en tierras justo cuando, en contradicción con una política de invocación nacionalista con la cual alardeaba hasta ayer mismo, ha firmado por el yacimiento de Vaca Muerta un contrato con cláusulas secretas. Y más aun: ha renunciado a la jurisdicción de los tribunales argentinos con la empresa que en términos históricos mejor simbolizaba la estrofa partidaria de "combatiendo al capital". Se ufana de lo que por sí ha de imponer, sin necesidad de ley alguna, la cruda realidad económica si las actividades agropecuarias pierden en el porvenir inmediato interés como consecuencia de la suma de los costos internos que vienen creciendo de forma desmesurada y siguen bajando, al mismo tiempo, los precios internacionales.

Así las cosas, con el cierre de un ciclo histórico que el kirchnerismo aprovechó para sus réditos políticos inmediatos, pero no para relanzar al país hacia una era de desarrollo sostenido, el Gobierno apenas será en adelante un perro del hortelano. A los inevitables padecimientos propios por torpeza de carácter no podrá ya conjugarlos a costa de una sociedad productiva a la que impidió aprovechar uno de los giros cíclicos más afortunados para la Argentina que se hayan conocido en los últimos cien años.

Cuando se llega a ese punto, resulta infantil argumentar a favor o en contra de si los extranjeros no pueden tener en sus manos, como indica la ley de tierras, más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o, en otras partes" el "equivalente", como si fuera, además, posible una ecuación matemática de esa naturaleza.

Es hora de que los argentinos impongamos a nuestros mandatarios la necesidad de despojarse de perimidas ideologías y abstracciones disparatadas y fomentar, como lo hicieron los constituyentes de 1853

60, el trabajo, las inversiones, el estudio y la capacitación continua. Sin olvido de que eso debe realizarse en un ámbito regido por la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades y el respeto por la convivencia pacífica, indispensable para la seguridad física y, por extensión, para la seguridad jurídica de los habitantes del país.



Martes 30 de octubre de 2012 | 11:16

Scioli ahora no descarta un "veto parcial" a la ley de tierras

El gobernador planteó sus reservas al proyecto que impulsa el ultrakirchnerismo de obligar a los countries a ceder terrenos; "No deben quedar dudas de que no se viola la propiedad", dijo

El gobernador bonaerense Daniel Scioli no descartó hoy aplicar "un vento parcial" a la Ley de Tierras que impulsan sectores ultrakirchneristas y exigió a los legisladores oficialistas establecer "un punto de equilibrio para que no queden dudas de que no se viola la propiedad privada ni derechos adquiridos".

El mandatario provincia reconoció que en el actual articulado de la norma se debería encontrar una modificación para permitir "una corrección" en la redacción de la iniciativa, "o en la reglamentación de la ley", inclusive "un veto parcial, puede haber".

"No pueden quedar dudas que se respeta y nadie va a ser sorprendido, que a nadie se le va a exigir que ceda algo sobre lo que tiene derecho. Hay que dar absoluta tranquilidad y la certeza de la razonabilidad que se va a aplicar a eso", consignó en declaraciones radiales hechas esta mañana.

"Se debe encontrar un equilibrio entre la posibilidad de llevar adelante emprendimientos sociales de vivienda y que la provincia siga atrayendo inversiones y emprendimientos urbanos. Acá no se viola la propiedad privada ni los derechos adquiridos", remarcó.

El 18 de octubre, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto denominado "Ley de Hábitat", que entre otros aspectos obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder tierras para la construcción de viviendas sociales.

La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos, y solo se opusieron los diputados denarvaístas de la bancada Unión Celeste y Blanco, quienes aseguraron que la medida impulsada por el kirchnerismo "avasalla la propiedad privada".

En ese contexto, Scioli afirmó esta mañana a Radio 10 y al canal C5N que "no" descarta "un veto parcial" a la iniciativa.

"En el caso que haya que hacer una corrección, están los instrumentos para hacerlo. O se corrige la ley y vuelve, o en la reglamentación de la ley, o con un veto parcial. Están los mecanismos para que consensuemos y no haya motivos para una puja política", planteó.

Y agregó: "Es necesario que las familias que no tienen una solución habitacional puedan acceder a la misma, pero también es necesario que se sigan llevando adelante emprendimientos inmobiliarios, porque la inversión privada es muy necesaria para que se siga generando empleo".

El gobernador remarcó: "Que no queden dudas. Nadie va a ser sorprendido porque no tendrá que ceder lo adquirido. Quiero llevar absoluta tranquilidad con la racionalidad con que se va a aplicar eso".

La norma, que será tratada en el Senado, dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen en la provincia estén obligados a ceder tierras o abonar una "compensación monetaria" para la construcción de "viviendas sociales". El artículo 51 del proyecto establece que serán "sujetos obligados al pago de la contribución" los clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados y los emprendimientos de grandes superficies comerciales "que ocupen predios de más de 5.000 metros cuadrados".

Además, establece que esos emprendimientos "cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva, sujeto al cómputo de equivalencia y valorización final, el 10 por ciento de la superficie total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo urbanizable".

El proyecto apunta también a que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación.