Daniel Scioli descansa. El turno es ahora de Mauricio Macri. El combate
contra otro confeso candidato para suceder a Cristina Kirchner está
convirtiendo a la Capital en una ciudad sitiada por el caos y las
privaciones. La Presidenta suele ufanarse de su gestión, pero ha dejado
al servicio de subterráneos en un limbo administrativo. Nadie es
responsable de nada. El infierno no tiene fin a la vista.
El
caso desquicia la vida de millones de argentinos todos los días, aunque
se trate sólo de un capítulo más en la larga aventura de
contradicciones kirchneristas. Es la misma Presidenta que reclamó leyes
de ética para periodistas mientras su vicepresidente está siendo cercado
por la Justicia por presuntos delitos de corrupción. Ella no habla de
eso. Silencio sobre Boudou. Los funcionarios nacionales tienen prohibido
recibir o hablar con la empresa concesionaria de los subterráneos. La
Presidenta no quiere sentar ningún precedente de que está a cargo de ese
crucial servicio de transporte. El gobierno de Macri habla con el
concesionario, pero no puede resolver nada porque carece de la administración de los subtes.
El
concesionario recibe sólo la mitad de los subsidios que antes le
entregaba el gobierno nacional, porque éste argumentó que el resto debe
pagarlo la administración de Macri. El gobierno cristinista no habló con
Macri para acordar eso ni lo consultó con el propio concesionario, que
se quedó sin parte de los subsidios y con reclamos de extraordinarios
aumentos salariales.
Una
ley del Congreso nacional decidió el traspaso del servicio a la ciudad,
pero la Legislatura de la Capital rechazó esa transferencia. Empate.
Las cosas están peor que antes. A fines del año pasado, Macri había
firmado un convenio con el gobierno nacional para negociar el traspaso.
Lo empezó a ejecutar cuando aumentó las tarifas. Después devolvió el
convenio. La aceptación de ese trámite fue un error de Macri, que el
propio Macri admite ahora como tal. El vacío de poder que provoca la disputa está
siendo llenado por grupos sindicales que militan en una izquierda dura e
intransigente. Ellos lideran las comisiones internas de los
trabajadores de subterráneos, nacidas bajo el auspicio kirchnerista. Los
dirigentes gremiales de los subtes son, en síntesis, islas que se han
desprendido de cualquier continente sindical. Bailan solos.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo ,
tuvo razón cuando dijo que no existió un intercambio de propuestas
entre los dos gobiernos para resolver el destino de los subterráneos.
Pero el gobierno macrista también dijo la verdad cuando deslizó que hubo
propuestas rechazadas. Existieron propuestas informales. La diplomacia
los llama non paper a escritos que trasladan ideas, pero que carecen de valor oficial o documental.
El último non paper de
Macri pedía tres cosas a cambio de recibir el dominio y la
administración de los subterráneos: que el gobierno nacional culminara
la compra de 100 unidades nuevas a China (por la que ya pagó un
adelanto); que reconociera como deuda a la ciudad las obras que ésta
hizo en los subterráneos en los últimos años y que lo autorizara al
gobierno capitalino a contraer créditos con el BID para mejorar el
servicio.
Era
una reducción importante de las pretensiones de Macri, que había
comenzado pidiendo unos 10.000 millones de pesos para aceptar el
traspaso. La propuesta macrista atravesó rauda el gobierno nacional
hasta que se estrelló en el despacho presidencial. ¡No quiero ningún convenio con Macri! Esto recién comienza , estalló la Presidenta. El non paper fue a parar al cesto de los papeles inservible.
El kirchnerismo tiene
un mérito que nadie se lo reconoce: exhibe siempre hasta sus peores
intenciones. En este fin de semana, Fútbol para Todos fue otra vez usado
para una detestable campaña contra Macri. Un aviso largo, casi
interminable, del gobierno nacional lo denostó por el conflicto de los
subterráneos. El Estado nacional usó recursos y medios públicos para
denigrar al jefe de una ciudad autónoma del país. El Estado contra el
Estado. El objetivo es aniquilar a Macri, no resolver el problema. La
coparticipación que recibe la Capital es simbólica, porque el gobierno
nacional entiende que es él quien brinda en la ciudad muchos servicios,
como la policía, la Justicia o el transporte. Ahora le está entregando
parte de esos servicios a la Capital, pero no quiere oír hablar de
cambiar la coparticipación. El gobierno capitalino tiene un obstáculo
para recurrir a la Corte, porque la mayoría de sus jueces entiende que
la Capital no es jurídicamente un territorio autónomo como para litigar
de manera directa ante el máximo tribunal de justicia. Macri ni siquiera
podría sumarse al escándalo que está armando José Manuel de la Sota, el
más decidido a denunciar el unitario y despótico manejo del dinero
público por parte del kirchnerismo.
Macri
pidió que no lo molestaran con rumores absurdos cuando le llevaron por
primera vez el trascendido de que el gobierno nacional iría por los
depósitos judiciales del Banco Ciudad. Podrá ser absurdo, pero no fue
sólo un rumor: el proyecto de ley para despojar al banco capitalino de
esos importantes recursos ya tiene media sanción de la Cámara de
Diputados.
El
kirchnerismo hizo siempre una apología de la banca pública. El país
tiene sólo tres bancos públicos: el Banco Nación, el Banco de la
provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad. Todos los bancos
provinciales han sido privatizados total o parcialmente. El Banco Ciudad
es, entre los tres que quedan, el que más se alejó de los manejos
políticos y clientelistas. No cometió esas picardías ni con De la Rúa,
ni con Aníbal Ibarra, ni con Jorge Telerman, ni con Macri. Pero el Banco
Ciudad quedó ahora en manos de un enemigo; debe desaparecer.
En
la mañana del viernes, Macri llegó a la conclusión de que el problema
es más grande que la administración de los subterráneos. Concluyó que
más que transferirle a él un transporte público, el gobierno de Cristina
Kirchner quiere cambiar el sistema político argentino. Las vidas
políticas de Scioli y de Macri serían, según esa evaluación, los
escollos más importantes para la refundación del sistema sobre bases más
autoritarias.
Antes,
Macri había leído las últimas encuestas. En el área metropolitana
(Capital y Gran Buenos Aires) la intención de voto entre Cristina y
Macri se ha reducido a sólo 7 puntos a favor de la Presidenta, cuando en
enero había 30 puntos de distancia. En esa misma área, la imagen de la
gestión presidencial ha caído hasta resultar tercera, después de Scioli y
de Macri, en ese orden. La novedad no es la Capital, donde la imagen
negativa de la Presidenta es del 58 por ciento, sino su caída en el
decisivo conurbano bonaerense.
Macri
cree que hasta podría terminar preso, como terminaron algunos
opositores en Venezuela y Ecuador. En rigor, deberá enfrentar a la
Justicia porque en los próximos días se fijaría la fecha para el juicio
oral por el caso de las escuchas telefónicas, que decidió el juez más
kirchnerista que hay, Oyarbide, y lo ratificó la Cámara Federal también
más cercana al Gobierno. Esa misma Cámara debe decidir ahora un par de
cuestiones importantes en la causa que está cercando a Amado Boudou por
la irregular compra de la empresa Ciccone, tardía y extrañamente
expropiada por el gobierno nacional.
Una
de ellas es la validez de las declaraciones judiciales de la ex esposa
de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, quien acusó a su ex marido de
ser testaferro de Boudou. La defensa de los imputados pidió su nulidad
porque los cónyuges no pueden acusarse entre sí. La investigación sobre Boudou y Vandenbroele no
está respalda en las afirmaciones de Muñoz, sino en muchas
constataciones más que lo estarían colocando al vicepresidente muy cerca
de la citación a indagatoria, es decir, al borde del procesamiento.
La
otra cuestión refiere al allanamiento de un departamento de Boudou en
Puerto Madero, que su defensa objetó, alarmada porque se habían violado,
dijo, los fueros vicepresidenciales. Resulta, sin embargo, que ese
departamento es propiedad de Boudou, pero el vicepresidente no vive ni
vivía allí en el momento del allanamiento. Los fueros lo protegen a él,
no a todo lo que está a su nombre. Boudou recurre, así, a tretas
judiciales para borrar las evidencias que lo acusan y lo definen. Nunca
presentó pruebas de su inocencia. ¿De qué habla el kirchnerismo,
entonces, cuando habla de ética?
Domingo 12 de agosto de 2012
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