Otra estafa a los jubilados

Domingo 11 de agosto de 2013

Editorial I
Otra estafa a los jubilados


A raíz de una sólida denuncia, Diego Bossio, titular de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ha quedado
sometido a una investigación judicial que deberá determinar su
responsabilidad en lo que sería una nueva y gravísima estafa a los
jubilados porque se trata de otro desvío de los fondos que a ellos
están destinados. En esta oportunidad, la suma sustraída sería de 835
millones de pesos.

La denuncia involucra, además de Bossio, a los secretarios de
Finanzas, Adrián Cosentino, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y fue
presentada por la diputada Elisa Carrió y la ex legisladora Fernanda
Reyes, ambas de la Coalición Cívica. Tras evaluarla, el fiscal federal
Federico Delgado imputó a los funcionarios en esta causa que se
encuentra a cargo del juez federal Julián Ercolini.

Para las denunciantes, hubo un eventual desvío de fondos de los
jubilados mediante cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta y
sugestivamente publicadas ocho meses más tarde en el Boletín Oficial.
Se trata de la suscripción de 172 millones de dólares tomados por el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). Según la
denuncia, ese monto estaba destinado a la empresa mixta Cammesa, que
administra el sistema eléctrico, y a la estatal Enarsa, "con objeto de
cancelar obligaciones con Pdvsa", la empresa petrolera estatal
venezolana.

Bossio negó que haya existido un desvío de fondos y luego recibió el
apoyo público de la presidenta Cristina Kirchner, quien cínicamente
sostuvo: "Preparate, Bossio, a recibir más denuncias. Lo importante es
una Argentina donde se recuperaron derechos y hoy la gente está
mejor".

Pero quienes no estarán mejor serán los jubilados y aquellos que en el
futuro se vayan incorporando a la llamada clase pasiva. En principio,
la Anses justificó las operaciones al informar que el FGS efectuó una
suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de
2012 por un valor nominal de 835 millones de pesos y por un plazo de
365 días, agregando que esa práctica es habitual y que el FGS suscribe
títulos públicos de modo anual por un monto aproximado de 30.000
millones de pesos.

Sin embargo, las dudas requieren la intervención de la Justicia porque
en reiteradas oportunidades se ha denunciado la utilización de los
fondos del organismo previsional para otros fines muy diferentes del
pago de las jubilaciones, pensiones y cajas provinciales traspasadas.
Así, por ejemplo, el dinero que debería estar exclusivamente destinado
a los jubilados y pensionados ha terminado financiando el déficit del
Tesoro nacional, el programa Conectar Igualdad, créditos a empresas
públicas y privadas, y también el nuevo plan de viviendas oficial
Procrear. Se trata de un claro desvío del dinero con finalidades
políticas.

Más de un informe ha puesto de relieve que, como el aumento de los
impuestos no alcanzó para financiar el incremento del gasto público,
el Gobierno recurrió mediante decretos de necesidad y urgencia a los
fondos de la Anses y del Banco Central. Algunos estudios indican que,
entre 2009 y 2012, el Tesoro nacional se apropió de 80.000 millones de
pesos de la Anses.

Por otra parte, Bossio también se encuentra imputado con el
vicepresidente Amado Boudou a raíz de una denuncia que los vinculó con
un posible tráfico de influencias durante el último canje de deuda.

Como hemos dicho en otras oportunidades, al privar a los jubilados de
los fondos que legítimamente les pertenecen, el Gobierno los obliga a
contratar abogados para reclamar en la Justicia la actualización de
sus montos. De esta manera, en vez de cobrar lo que les corresponde,
la clase pasiva ha recurrido y recurre en masa a los tribunales a
esperar durante años el fallo favorable de primera instancia, y luego
el de segunda.

Hay más de 300.000 juicios en marcha, pero la odisea judicial no
termina para los jubilados litigantes con el fallo favorable de
primera instancia, ni con el de segunda instancia, en la Cámara, pues
aun entonces la Anses demora los pagos, tal vez especulando con el
paso del tiempo y el futuro fallecimiento de sus acreedores.

Y como si esas trabas no bastaran, la reforma judicial promovida por
el Gobierno procura crear una nueva instancia judicial por encima de
la Cámara. Esa instancia, una Cámara de Casación, terminaría
extendiendo los ya de por sí prolongados juicios en por lo menos otros
dos años.

Sin embargo, dentro de ese panorama hubo una notoria excepción: en
2008, Ofelia Esther Wilhelm inició un juicio y en poco menos de tres
años obtuvo una sentencia favorable con el reajuste del monto de la
pensión por la muerte de su marido. Es la madre de la Presidenta. En
cambio, hay jubilados que no tienen más remedio que aguardar diez años
hasta obtener un fallo.

Especular con el exiguo lapso de vida que puedan tener quienes
pertenecen al sector pasivo para así birlarles el dinero que les
pertenece y destinarlo al financiamiento ilegal de la política revela,
más allá de las calificaciones penales que puedan caber, una crueldad
inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los
derechos humanos.