Lunes 22 de septiembre de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Telefonía móvil argentina: demasiadas incertidumbres

Las telecomunicaciones son un sector necesitado de una renovación tecnológica permanente y de fuertes inversiones que requieren previsibilidad y reglas claras

El desarrollo del sector de las telecomunicaciones depende, como pocos, de una adecuada regulación que permita atraer inversiones y mejorar la capacidad y calidad de los servicios. La enorme difusión de los llamados teléfonos inteligentes, que generan no sólo comunicaciones de voz sino un intenso tráfico de datos, ha provocado los conocidos problemas de calidad en la telefonía móvil en nuestro país. Estas dificultades no son factibles de solucionar por más inversiones que se exijan a las empresas prestadoras. Son una consecuencia de la inacción y la mora del Estado nacional en adjudicar las frecuencias radioeléctricas imprescindibles para el buen funcionamiento de ese servicio. La última adjudicación ocurrió hace catorce años, época en que el número de celulares y el tráfico eran despreciables en comparación con los actuales. La Argentina es uno de los pocos países de América latina que aún no ha adoptado la llamada cuarta generación o 4G, que permitiría una capacidad de transmisión de datos equivalente a una verdadera banda ancha móvil, con significativas proyecciones en servicios de video, telemedicina, comunicaciones máquina a máquina y seguridad, entre otros.

Por eso resulta crucial que la licitación iniciada por la Secretaría de Comunicaciones de las frecuencias necesarias para la introducción de esa nueva tecnología tenga como principal objetivo ofrecer al usuario un servicio de calidad y sostenible en el tiempo. En ese sentido, algunas características del concurso resultan preocupantes. El Gobierno ha priorizado el objetivo de obtener un precio muy alto en la subasta de frecuencias. Esto será un ingreso para el fisco, pero que no se dedicará a la inversión en beneficio de los usuarios. De las seis firmas que habían comprado el pliego, por ejemplo, sólo fueron cuatro las que quedaron en carrera: Movistar, Claro, Personal y Airlink (del grupo Manzano-Vila, un sorpresivo cuarto jugador); Cablevisión y Netflix, finalmente, no ofertaron. Esas cuatro firmas deberán pagar, en el siguiente paso del proceso, unos US$ 500 millones cada una en menos de un mes , el valor base del espectro en la subasta, muy superior a los precios fijados en licitaciones similares en otros países de América latina.

Es razonable la exigencia de que exista servicio en determinadas rutas, pero la obligación que se impone a todas las empresas de cubrir 26.000 kilómetros con servicio de datos no parece necesaria para la atención de emergencias, pues bastaría con que hubiese servicio de voz ofrecido por una compañía y acceso a los clientes de las demás, como ocurre en muchos otros lugares. Triplicar innecesariamente la inversión en infraestructura en zonas deficitarias en un servicio que no recibe subsidio alguno solamente hará que el usuario deba pagar un precio mayor.

Las restricciones a las importaciones que impone el cepo cambiario constituyen otro factor de duda de quienes tendrán que encarar el desafío del 4G. Una vez dados los permisos para el uso de las frecuencias será preciso importar una enorme cantidad de equipos para desplegar la red y los servicios de nueva generación. Además deberán importarse los teléfonos o los componentes para producirlos localmente. Hay motivos suficientes para proyectar la persistencia de las restricciones cambiarias en el corto y hasta en el mediano plazo. El riesgo emergente de esta circunstancia debiera ser neutralizado en el actual proceso licitatorio mediante las suficientes garantías de acceso a los mercados externos y a la disponibilidad de divisas.

Las telecomunicaciones constituyen un sector que requiere escala y plazos largos para recuperar las inversiones. Es un sector muy dinámico que debe renovarse tecnológicamente en forma casi permanente y que no puede quedarse atrás. La atracción de enormes inversiones requiere previsibilidad, equilibrio en las exigencias y el estímulo imprescindible para que se radiquen aquí y no en otro país. Al respecto, y sólo como ejemplo de aspectos del proceso que deben ajustarse, las nuevas frecuencias serán adjudicadas únicamente por un plazo limitado de quince años sin certeza de que algunas de ellas, que hoy ocupan otros servicios, serán desocupadas a tiempo. Debería preverse con suficiente claridad que las inversiones en infraestructura realizadas por un prestador no sean indebidamente aprovechadas por otro que se "monte" sobre ella.

A este panorama se agrega la recurrente intención legislativa de carácter intervencionista y populista de declarar servicio público a la telefonía móvil, como si ello permitiera mejorar los servicios o la vida de la gente. Semejante condición sólo significará que el Estado fijará las tarifas en lugar de permitir que lo hiciera la dinámica de un sector en fuerte competencia. Sólo se agregaría más riesgo a cualquier inversión.

Es necesario disipar todas estas incertidumbres para que nuestro país genere la confianza perdida y empiece progresivamente a convertirse en un lugar atractivo para las inversiones que requiere la economía digital en un mundo inevitablemente más conectado cada día. La oportunidad que nos brinda esta licitación, respecto de la cual los primeros pasos del Gobierno no parecen ser los más atinados, no debiera desperdiciarse.

http://www.lanacion.com.ar/1729295-telefonia-movil-argentina-demasiadas-incertidumbres