La causa que complica al vicepresidente / Otro expediente en curso
Avanza otro caso contra Boudou
Es la investigación por una compra de autos en el Ministerio de Economía que se hizo sin licitación pública
El juez federal Sergio Torres ordenó un estudio de trazabilidad sobre la historia de esos vehículos para constatar la veracidad de la defensa del
Gobierno. La ley exige que toda compra superior a los dos millones de pesos se realice por licitación pública y en este caso eso no se hizo, pese a que los autos costaron, según la documentación oficial, $ 2.301.227,25.
Según Economía, la licitación estaba prevista, pero se dejó sin efecto cuando apareció un aviso en los diarios de la empresa Guido Guidi que informaba que tenía a la venta, a un precio muy conveniente, un lote de autos Volkswagen que coincidía con lo que necesitaba el ministerio.
La causa penal busca determinar ahora si, más allá de la aparente violación de las normas que exigen una licitación, hubo una connivencia para beneficiar a la empresa, en perjuicio de las arcas públicas. Así lo sugiere la denuncia, presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien presentó una foto de Guido Guidi junto a Boudou. Además del vicepresidente es investigado por esta compra el ex secretario legal y administrativo del ministerio Benigno Vélez, que hasta la semana pasada era el gerente general del Banco Central.
El año pasado, el juez dispuso un allanamiento en Economía y pidió informes tanto a Volkswagen como a Citroën y a Ford para cruzar precios.
Ahora pretende determinar además si era habitual que Guido Guidi contara con esa cantidad de autos en stock y que los hubiera puesto en subasta. También, dónde los tenía y desde cuándo. Por eso, en agosto del año pasado, le solicitó a Volkswagen que informara "con carácter de muy urgente", el año de fabricación, origen y fecha de ingreso al país de cada uno de los autos que compró Economía, "la fecha en que fueron asignados al stock de Guido Guidi y el precio de facturación", así como "la cantidad de vehículos asignados mensualmente al stock de la concesionaria" desde 2009.
El juzgado no logró que Volkswagen (cuyo presidente, el austríaco Viktor Klima, tiene muy buena relación con el Gobierno) le respondiera todo. Ayer, fuentes de la firma informaron a LA NACION que cada mes reciben unas cien consultas como esta de los tribunales y que los dos primeros puntos del oficio de Torres fueron contestados en octubre. Alegaron que la empresa no tenía disponible de inmediato la información referente al tercer punto y que, por eso, pidió más tiempo. No obstante, afirmó que ya contaba con todos los datos de los autos asignados a Guido Guidi y que el 23 de febrero los derivó a "la procuración externa de la empresa" para que se le respondiera a Torres.
En el expediente administrativo de compra de los autos no surge que se haya realizado ningún cotejo formal de precios para decidir la compra, informaron fuentes judiciales. Lo que se hizo fue enviarle el expediente a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que dictaminara si se podía realizar la adquisición de esta forma. El organismo sostuvo que la operación era beneficiosa para el Estado. Los autos, necesarios para "satisfacer necesidades operativas", eran tres Passat Highline 3.2 V6, dos Vento 2.5 Advance, un Vento 2.5 Luxury y 13 Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive. Uno de los tres Passat fue asignado luego a la Sigen. Su titular, Daniel Reposo, había trabajado con Boudou en la Anses. Después de que se hizo público el caso, Reposo devolvió el Passat.
AUTOS DE ALTA GAMA
- La compra. Cuando Boudou era ministro de Economía, aprobó al compra de 19 autos de alta gama para uso oficial de esa dependencia.
- Sin licitación. La compra se dispuso de manera directa con el concesionario Guido Guidi. La ley prevé que cualquier compra por más de 2 millones de pesos debe ser dispuesta por licitación pública. Esta operación costó $ 2,3 millones, según la documentación oficial.
- La denuncia. En 2010, un abogado denunció a Boudou y a su ex secretario Benigno Vélez por el presunto incumplimiento de las normas. El Gobierno argumentó que había aprovechado una oferta conveniente para el Estado.
- La auditoría. La Sindicatura General de la Nación dictaminó que la operación era beneficiosa. Luego a su titular le fue asignado un Passat del lote investigado.
La Nación
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