Domingo 02 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

El escenario

La Presidenta avanza hacia su guerra

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Con las manos vacías frente a una sociedad reclamante, Cristina Kirchner se irá en los próximos días a su propia guerra. Se avecina el 7-D. Se le ocurrió que algo debe cambiar tras ese día inminente. Mucho o poco, pero algo. Su equipo trabaja en ofertas diferentes, aun después de que la Corte Suprema ordenara que se dicten sentencias antes del viernes. También es cierto que los funcionarios bajaron considerablemente su entusiasmo público con el 7-D luego de que la Corte firmara dos resoluciones. Sólo Martín Sabbatella hizo una pasajera ratificación del carácter mítico de ese día. ¿Qué más podía hacer si quiere conservar el empleo?

Nadie, ni el Gobierno, sabe qué sucederá en las pocas horas que restan. La decisión estará en manos de tres o cuatro jueces. Ni siquiera se conoce quiénes serán todos esos jueces. Algunos, pocos, están trabajando durante este fin de semana por orden de la Corte, que los mandó a habilitar los feriados. Se conoce el nombre del juez de primera instancia, Horacio Alfonso, que tiene en sus manos la cuestión de fondo. La constitucionalidad o la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.

La instancia superior a Alfonso, la Cámara Civil y Comercial, está integrada por jueces de otro fuero, el Contencioso Administrativo, pero éstos deberán resolver primero las muchas recusaciones y excusaciones que apartaron a ocho camaristas del fuero natural. La Cámara Civil y Comercial tiene en su poder el pedido del Grupo Clarín para que se prorrogue la cautelar que protege sus propiedades más allá del 7 de diciembre. ¿Aceptarán los actuales jueces interinos que sus colegas sean injustamente recusados y considerarán válidas sus excusaciones? ¿O rechazarán recusaciones y excusaciones, todas al mismo tiempo? Muchos jueces, incluidos algunos de los más empinados, sostienen que las recusaciones seriales que hizo el Gobierno carecen de fundamentos.

El cristinismo quiso siempre que esta guerra se librara en el fuero Contencioso Administrativo, donde tiene una importante influencia. El poderoso operador kirchnerista en la Justicia Javier Fernández es un experto en llevar la mano (hasta la firma) de muchos de esos jueces. El Gobierno no pudo conseguirlo por la vía legal y legítima. Pero terminó trasladando el expediente a esos jueces amigos mediante un procedimiento tan eficaz como rústico: sacó del medio a los jueces en los que no confía.

¿Cómo hizo? Destrozó el honor y el buen nombre de los magistrados sospechosos de independencia. Sometió a algunos a la más brutal campaña mediática que se recuerde. Los recusó. Los obligó a renunciar. O les metió miedo hasta el extremo de que ellos mismos se excusaron. Todo un fuero judicial fue diezmado en pocas semanas. Jueces amigos ocuparon (y ocupan) sus lugares. Por fin, los magistrados de la Cámara Contencioso Administrativo terminaron en la Civil y Comercial.

La Corte Suprema decidió intervenir entonces. Rechazó un pedido de prórroga de la cautelar que le había presentado el Grupo Clarín. Podría haberse quedado ahí, porque no existían las condiciones necesarias para que el tribunal tratara la cuestión. No había (no hay todavía) sentencia de las dos instancias inferiores, necesarias para habilitar el debate dentro de la Corte. El apurado gobierno, que hizo aprobar el per saltum en el Congreso en tiempo récord, no publicó aún esa ley en el Boletín Oficial. No tiene, por lo tanto, fuerza de ley. La remolona administración en materia de publicaciones oficiales es la misma que había amenazado a la Corte con un "conflicto de poderes" si no acataba el per saltum. Lo dijo públicamente el ministro de Justicia, Julio Alak, en una memorable invasión del poder político sobre el Poder Judicial.

Hubo en el medio un abrupto cambio de estrategia o el proyecto original de per saltum fue hecho sólo para presionar a la Corte. ¿Qué pasó? Nadie responde. El Congreso quedó, si el caso fuera la mera presión, atrapado en una pobre y fugaz maniobra. Es probable también que el Gobierno haya percibido a última hora que la Corte no es un refugio seguro del kirchnerismo. ¿Para qué entonces el per saltum?

Sin embargo, el máximo tribunal de justicia fue mucho más allá que ese rechazo a un pedido de Clarín. Le ordenó al juez de primera instancia, Alfonso, que decidiera de una buena vez si esos artículos de la ley de medios son, o no son, constitucionales. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, le pidió celeridad a la Cámara y le requirió al juez Alfonso que dictara sentencia sobre la cuestión de fondo antes del 7 de diciembre. Es decir, durante la semana que se inicia. Lorenzetti hablaba en nombre de la Corte.

Alfonso venía reclamando más tiempo con el argumento de que se hizo cargo hace poco del expediente. Ya no hay más pruebas que pedir y se trata de una interpretación constitucional, le habría contestado Lorenzetti. Ellos la llaman una "cuestión de puro derecho", que necesita más del buen criterio del juez que de cualquier otra cosa.

El ritmo de vértigo que la Corte impuso a las causas sobre la ley de medios tiene un sentido. Esa instancia, la máxima de la Justicia, podría decidir sobre la cautelar y sobre la constitucionalidad de la ley sólo cuando los tribunales inferiores se hayan pronunciado. No quiere hacerlo antes.

El kirchnerismo, a su vez, busca otros caminos de dilaciones y de retrasos. La interina Cámara Civil y Comercial intimó el jueves a los jueces recusados para que en 24 horas hicieran sus descargos. Cumplía con la indicación de la Corte. Uno de esos jueces, Francisco de las Carreras, que es, además, juez natural en la causa Clarín, ya había presentado antes su descargo y había contestado en duros términos una denuncia judicial hecha por el Gobierno. Su caso estaba listo para resolverse.

Estaba. El tiempo es necesariamente pasado. El Gobierno conoció esa información y se presentó en el acto pidiendo que la recusación a De las Carreras se abriera a un período de pruebas. Podría ser un trámite interminable. La Cámara debe resolver ahora si accede al pedido del Gobierno o si se conforma con lo que ya tiene: la acusación inicial del kirchnerismo y el posterior descargo del juez. Al fin y al cabo, el cristinismo no recibió bien las decisiones de los jueces supremos sobre el caso Clarín. No lo dice, pero lo insinúa. La Corte pidió acción a los jueces. Es precisamente lo que el Gobierno no quería. Prefería el limbo jurídico. La interpretación del 7-D sería sólo suya. La que importa. La que tiene el peso del Estado.

Dos ausencias inesperadas fueron pruebas del soterrado enfado oficial. Los ministros de Justicia y de Seguridad, Alak y Nilda Garré, habían comprometido su asistencia a un acto en la Corte. Era una presentación sobre política criminal del único amigo verdadero que el Gobierno tiene allí, el juez Eugenio Zaffaroni. Hasta funcionarios de ceremonial de los dos ministros llegaron poco antes del acto. Los ministros no llegaron nunca. Eso sucedió un día después de aquellas decisiones de la Corte. Ni Alak ni Garré podrían decidir por sí solos desairar de esa manera a Zaffaroni. Consultaron con la Presidenta. La Presidenta les dijo que no fueran.

La Corte también cometió un error. Dosificó la información pública sobre dos resoluciones, tomadas el mismo día y en la misma reunión, que estaban íntimamente vinculadas. Primero, dio a conocer sus decisiones sobre los jueces de primera y de segunda instancia, y sólo al día siguiente divulgó el rechazo al pedido de Clarín. En rigor, la primera resolución conocida se interpretaba mejor con la segunda. Ambas forman parte de un mismo corpus jurídico. Nadie en la Corte pudo explicar qué sucedió.

La decisión más importante que tomó ese tribunal se deslizó en un párrafo, breve y conciso: si no hubiera decisiones de los jueces antes del 7-D se estaría frente a una situación de denegación de justicia. En otras palabras, es la propia Corte la que se colocó como garante de que habrá justicia. Buena o mala, pero habrá. Abrió también las puertas a su eventual intervención si los jueces inferiores se dejaran enredar por nuevas estrategias de dilaciones y de tardanzas.

El Gobierno comete otros actos implícitos de denegación de justicia. Escondió las resoluciones de la Afsca que regulaban el día después del 7-D. Derogó resoluciones anteriores, pero no informó con qué las reemplazó. Hasta el representante opositor en el directorio, Marcelo Stubrin, no pudo acceder a esas decisiones que se guardan como claves nucleares. Indefensión ante el Estado. Los supuestos perjudicados ignoran cómo será su vida cuando haya pasado el emblemático día. La perspectiva se agrava cuando la propiedad que está en juego son medios de comunicación, que requieren de la libertad para seguir siendo lo que son.

El cristinismo retoza en ese mar de arbitrariedades. El jueves, sus diputados aplaudieron en pleno recinto del cuerpo la decisión de la Cámara judicial norteamericana que colocó una cautelar sobre la medida del juez Thomas Griesa que beneficiaba a los fondos buitres. ¿Aplauso a una cautelar? ¿No era que las cautelares son pérfidas maniobras para demorar actos de estricta justicia? La Presidenta denunció el "colonialismo judicial" poco antes de que sus diputados aplaudieran a jueces norteamericanos. ¿Hay, acaso, un colonialismo bueno y otro malo? El célebre relato se parece ya a un trabalenguas