Domingo 16 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Un fallo judicial en auxilio de la Presidenta

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

En la inestable tarde del viernes, Cristina Kirchner dio un largo suspiro y se sentó frente a los jardines de Olivos. La historia se colocaba, por fin, en la dirección de su sillón. Comenzaba a cambiar la matriz del poder. Ese cambio es su único proyecto desde que es presidenta por segunda vez. Los otros conflictos del país son cosas frugales y transitorias. La incontrolada inseguridad, la inflación desbocada o el desorden social que convirtió el miércoles a la ciudad en un territorio gobernado por vandalismos sin ley, sin medidas y sin límites. Es el caos propio del advenimiento de una revolución. La sociedad debería entender que esos sacrificios valen la pena. O valdrán, cuando las confusas teorías del poder se conviertan en improbables realidades.

El juez Horacio Alfonso le dio ese primer triunfo después de varios meses de consecutivas derrotas. ¿Un triunfo breve? Sí, seguramente. No bien el Grupo Clarín apele su decisión en las primeras horas de mañana la cautelar que protege sus propiedades quedará reinstalada. Pero la Presidenta prefiere la prueba de su razón antes que la permanencia de las victorias. Y Alfonso suscribió en su fallo sobre la cuestión de fondo, con argumentos más políticos que jurídicos, todas las posiciones del cristinismo.

El juez sorprendió con su prisa a los propios jueces de la Corte Suprema de Justicia. Éstos esperaban para principios de año los dos expedientes que hay sobre el caso Clarín, la cautelar y la cuestión de fondo. También sorprendió a los camaristas del fuero Civil y Comercial. Uno de ellos se enteró de la decisión de Alfonso cuando estaba a 400 kilómetros de Buenos Aires. Se había ido para descansar alejándose de la guerra presidencial. Esfuerzo inútil. La noticia lo devolvió al combate. La Argentina kirchnerista es siempre un país inesperado.

A Cristina le gustan más las hipótesis convertidas en palabras escritas que las cosas prácticas. Alfonso la llenó de satisfacción. ¿El objetivo de la ley de medios no era "democratizar" el espectro audiovisual? La Justicia debe velar por la "democratización" de esos medios, escribió el juez. No tuvo en cuenta lo que sucedió en estos años de vigencia de la ley. Hubo una intensa democratización de la radio y la televisión dentro del kirchnerismo. Periodistas, intelectuales, productores y, sobre todo, empresarios del mismo sector político se hicieron cargo de gran parte de los medios audiovisuales. Kirchneristas, filokirchneristas o neokirchneristas. Ninguna franja del kirchnerismo quedó afuera. La democracia es un bien del que sólo disfrutan el poder y sus satélites.

La Justicia no puede ni debe entrometerse en leyes que están avaladas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son poderes elegidos por la sociedad. La Justicia no lo es. Esa es la línea fundamental del discurso cristinista. Alfonso la hizo suya. Ni los funcionarios ni el juez tuvieron en cuenta que la Justicia existe también para evitar que las mayorías políticas, circunstanciales por definición, no terminen destrozando la Constitución. La misión de la Justicia de controlar la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes no la inventó la actual Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia sobre esa facultad esencial viene de 1863, un año después de que se constituyera la primera Corte Suprema que tuvo la Argentina.

¿Y si hubiera algún daño comprobable al patrimonio de Clarín? Queda el camino de las indemnizaciones y los resarcimientos por parte del Estado, aclaró Alfonso. Ya antes lo había dicho Martín Sabbattella. Cristina no entregará ahora plata contante y sonante, de la que carece cada vez más. Entregará, probablemente, bonos que podrían cobrarse dentro de 30 años. Pero, ¿hay alguna manera de resarcir la libertad de expresión perdida? A todo esto, ¿las licencias en disputa no las entregó el Estado que ahora las quita? ¿No las entregó, acaso, el mismo Gobierno? ¿No fue Néstor Kirchner quien prorrogó las licencias de los canales de aire? ¿No fue el increíble Guillermo Moreno el que firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal mucho antes de que se dedicara a entretener a la platea con el ofensivo "Clarín miente"? No importa. El Estado puede dar y quitar de acuerdo a sus cambiantes criterios, señaló el juez.

El caso, más allá de la guerra declarada por la Presidenta contra Clarín, sienta un peligroso precedente. El juez, cuya decisión debe respetarse, relativizó el derecho constitucional a la propiedad, desconoció los derechos adquiridos y redujo la libertad de expresión sólo a los medios escritos; es decir, a diarios y revistas. Todos los otros derechos y garantías quedarían bajo la órbita del Estado, que en este caso es un gobierno. Alfonso desconoció hasta el espíritu, el articulado y los principios de Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de la Constitución argentina. Esos principios señalan claramente que las leyes contra la concentración económica, en defensa de la competencia o antimonopólicas deberán ser generales. Nunca deberán hacerse exclusivamente contra medios de comunicación. Sus redactores previeron que hay formas directas e indirectas de atacar la libertad de expresión.

La matriz del poder que Cristina quiere cambiar. ¿Qué y quiénes forman parte de esa matriz? Son, al final de cuentas, los sectores y personas que la Presidenta maltrató en los últimos días. La Corte Suprema de Justicia, los escasos medios periodísticos que van quedando y el sindicalismo díscolo. Ya no queda casi nada de la vieja matriz. El Congreso abrumadoramente kirchnerista no es, desde diciembre pasado, un factor de poder. Ni siquiera los empresarios tienen poder desde que decidieron sobrevivir bajo la condición de indocumentados que les impone el cristinismo.

La ley de medios no es la primera ni la última escala de la ofensiva oficial contra el periodismo independiente. Pero es uno de sus combates más decisivos. Faltan todavía dos cruciales instancias judiciales: la Cámara Civil y Comercial, odiada y temida por el cristinismo, y la Corte Suprema, cuyos jueces no han tenido acceso aún al expediente de fondo y sus más de 10.000 páginas. Siempre hemos tenido sólo cautelares, dijo uno de esos magistrados. Ningún juez del máximo tribunal de justicia anticipará una opinión sobre una causa que no ha estudiado.

Si el Gobierno se diera todos los gustos al final de este conflicto político y judicial, el destino del periodismo independiente se limitará a la resistencia en medio de las peores condiciones posibles. Resistirá, pero contra la desigualdad de trato, la persecución aún más encarnizada y bajo el peso abrumador de un Estado arbitrario. El caso, vale repetirlo una vez más, es más abarcador que la causa judicial que tiene a Clarín como protagonista.

La Corte Suprema es también un actor importante de esa matriz del poder que Cristina quiere cambiar cuanto antes. La Presidenta usó el caso Marita Verón para despacharse contra toda la Justicia. La posición no carece de hipocresía. Fueron sus legisladores los que demoraron durante un año el tratamiento del proyecto de ley sobre la trata de personas, que es el último resabio de la esclavitud. Sus voceros descubrieron que el juez Fayt, antes detestado por el kirchnerismo, es un hombre infalible. Sus erróneas declaraciones sobre las perspectivas presidenciales del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, fueron tomadas por los voceros cristinistas como una verdad definitiva. Digámoslo de una buena vez: el propósito del oficialismo es claramente debilitar a la Corte. O cambiarla, deslizó uno de los jueces supremos.

Cambiar la matriz del poder, a fin y al cabo, no es para Cristina otra cosa que poner todo el poder en sus manos. Emprendió esa homérica cruzada cuando todo le indica que ya es tarde para tanta audacia.