Jueves 22 de enero de 2015 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Verdad y no sólo respuestas

La Justicia tiene la obligación en el gravísimo caso de la denuncia y muerte del fiscal Nisman de revertir el estado de impunidad y el descreimiento de la sociedad

En las últimas décadas, y en forma paralela con la paulatina debilidad de nuestras instituciones, comenzó a hacerse costumbre en nuestro país que los crímenes vinculados con personas públicas o causas de alto impacto político permanezcan impunes o, peor aún, que sean sometidas a manipulaciones judiciales hasta convertir homicidios en suicidios o accidentes, o al revés, con tal de garantizar precisamente ese estado de impunidad y mentira permanente. De ahí la sospecha de buena parte de la sociedad sobre la verdadera causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Incluso, más que sospecha, en muchos sectores se tiende a pensar, a priori, en un homicidio en vez de un suicidio.

Atentos a ese contexto de incredulidad y de creciente escepticismo, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal llamó ayer públicamente a "superar las sombras de la impunidad, que dañan la salud de la democracia". Además de expresar su "conmoción y perplejidad" por la sorpresiva e inesperada muerte de Nisman, los prelados pidieron que todos estemos "a la altura de las exigencias judiciales e institucionales".

Lamentablemente, el penoso historial de nuestra Justicia alimenta todo tipo de suspicacias. Por eso, urge que tanto ella como los organismos de seguridad que actúan en este caso, al igual que sus auxiliares, los médicos legistas y peritos actúen con la mayor de las transparencias.

En el caso de la muerte del fiscal, los primeros pasos de la investigación han sido demasiado accidentados y desprolijos. Ya hemos mencionado la extraña presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el departamento de Nisman, antes de que arribara la fiscal. Tampoco se ha explicado acabadamente por qué en un primer momento se recurrió a la Prefectura como auxiliar de la Justicia y, luego, se dio intervención a la Policía Metropolitana, que, debido a su reciente creación, no pareciera contar con experiencia en investigaciones criminales complejas.

La jueza a cargo de la causa por la muerte del fiscal, Fabiana Palmaghini, es quien en su momento instruyó buena parte del accidentado sumario por la muerte de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, fallecida en 2003 al caer desde un décimo piso. Pese a los numerosos elementos en la causa que indican que a Di Natale la arrojaron por la ventana -entre ellos, un peritaje de la Policía Federal-, la jueza, según la querella, no siguió esa línea y la causa fue archivada por el juez Ricardo Farías, medida confirmada por la Cámara. Sin embargo, la querella apeló y la Corte Suprema aún debe resolver. En su escrito, la abogada del padre de Di Natale, que es querellante, imploró al máximo tribunal que reparara en las numerosas pruebas e indicios que indican que la asesinaron. La joven había hecho aportes importantes en la causa del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, en la que se encuentra condenado, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, y debía declarar en el juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. La muerte se lo impidió. Lo mismo le pasó a Nisman. Su deceso truncó la presentación y defensa que esperaba hacer de su denuncia ante los legisladores en el Congreso horas después de que fuera hallado con un tiro en la cabeza.

Aquella causa de las armas registró otra llamativa muerte. En 1998, uno de los principales protagonistas del hecho, el marino retirado Horacio Estrada, apareció muerto en su departamento con un disparo en la sien izquierda, pese a que era diestro, y similar suerte corrió el brigadier retirado Rodolfo Echegoyen al poco tiempo de renunciar como titular de la Aduana, a comienzos del primer gobierno de Menem. El aviador estaba dispuesto a denunciar presuntos negociados y casos de contrabando cuando se halló su cadáver. Se quiso presentar lo ocurrido como un suicidio, pese a los golpes que presentaba en la cara.

La verdad sobre lo ocurrido con Nisman no debe seguir la misma línea. Nos referimos a que el caso no sea manipulado ni por quienes podrían beneficiarse políticamente con un homicidio que, obviamente, perjudicaría al Gobierno, ni por el oficialismo, interesado en cerrar el asunto con la confirmación del suicidio, mientras niega lo evidente: "En la Argentina no se vive violencia política", se despachó la diputada oficialista Juliana Di Tullio. Su par de bancada Diana Conti había alardeado poco antes con que el kirchnerismo esperaba a Nisman en el Congreso "con los tapones de punta".

En su llamado, los obispos reclamaron que este doloroso acontecimiento "sea esclarecido" poniendo las autoridades y toda la dirigencia política "su mayor esfuerzo, honestidad y capacidad para alcanzar la verdad, única base de la justicia". Así debe ser porque, sea cual fuere el resultado de la investigación judicial, por más transparente que haya sido el proceso, muy probablemente será puesto en duda por gran parte de la población.

Será necesario también que cada actor público ocupe el lugar que debe: el secretario de Seguridad no es el jefe de la pesquisa, sino un funcionario político del que dependen las fuerzas que deben auxiliar a la Justicia. La Presidenta no es la víctima de una conspiración, sino la acusada de un hecho gravísimo vinculado con el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país. La misión de la oposición no es utilizar políticamente el caso, sino contribuir con sus actos a la búsqueda de la verdad.

No contribuyen en modo alguno las voces del Gobierno que apelan nuevamente al insostenible y contumaz argumento de pretender imputarle responsabilidades al periodismo independiente en el trágico final de Nisman. Tampoco pretender absurdamente convertir al fiscal en sospechoso de su propia muerte.

Un trabajo incuestionable puede abrir el camino para revertir el nefasto historial de nuestra Justicia en temas como éste, de enorme trascendencia institucional. Al mismo tiempo, es preciso que en la justicia federal se analice en forma independiente si la grave denuncia de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios y allegados al Gobierno tiene solidez o no. Como dijo en el acto realizado ayer el presidente de la DAIA, Julio Schlosser: "No queremos respuestas, queremos la verdad".
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