Bochornoso saqueo de cuarteles

Miércoles 25 de febrero de 2015 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Bochornoso saqueo de cuarteles

El ministro de Defensa y el jefe del Ejército deberían renunciar
debido a los reiterados e insólitos robos de materiales bélicos en
unidades de esa fuerza



No transcurrió un mes desde que la sociedad, azorada, se enteró del
robo de un misil en una guarnición militar, cuando tuvo que asimilar
otro inconcebible robo en otra unidad del Ejército: 19.600 balas
calibres 9 y 32 milímetros del Batallón 603 San Lorenzo, en la
localidad santafecina de Fray Luis Beltrán, a unos 15 kilómetros de
Rosario. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que
padecemos todos los días, las armas más utilizadas por los
delincuentes son las de calibre 9 mm.

A esta altura, dada la inusitada frecuencia con la cual se producen
estos robos y los sitios en los que se verifican -cuarteles militares
con guardias internas y externas y rigurosos inventarios, además de
inspecciones frecuentes-, no cabe pensar en una serie de casualidades.
Por el contrario, hay que sospechar con sobrados fundamentos que
estamos ante un plan sistemático de sustracción de armamento de guerra
que, como veremos, se remonta a varios años y que de ninguna manera
puede llevarse a cabo sin la complicidad de muy altos oficiales del
Ejército.

Llamativamente, no es la primera vez que se registra un importante
faltante de armas y municiones en el Batallón 603. Como consignó LA
NACION, en febrero de 2011 el Ejército denunció que en ese cuartel
faltaban 154 FAL, además de piezas para el armado de 250 fusiles, una
ametralladora MAG calibre 7,62 mm, piezas de cinco ametralladoras
calibre 12,7 mm y una pistola 9 milímetros. A raíz del descubrimiento,
el entonces ministro de Defensa, Arturo Puricelli, dispuso el pase a
disponibilidad del general que comandaba los batallones de Arsenales.
Cuando comenzaba la investigación, se suicidó un sargento ayudante del
batallón.

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina informó a mediados de
2012 que de los batallones de arsenales 601 y 603 se había sustraído
entre 2010 y 2012 la cantidad de 274 correderas, 282 cerrojos, 288
armazones, 512 cajones de mecanismo y 45 cañones de repuesto de
fusiles.

Puede advertirse que no nos hallamos ante meros hechos aislados, sino
ante una poderosa organización que actúa en el Ejército desde hace
años y que, como demuestran los hechos, en nada se ve afectada por los
periódicos cambios de mandos en la fuerza ni por los pases a retiro o
a disponibilidad de los directores de arsenales. Por eso es que las
dos medidas adoptadas por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, tras
conocerse el nuevo robo no son las adecuadas. El pase a retiro del
responsable de los arsenales es una medida cosmética que ha probado su
inutilidad en los casos anteriores; equivale a cortar el hilo por lo
más delgado. La otra medida dispuesta por el ministro de Defensa, el
cierre del Batallón 603, además de contraproducente, puede ser
considerada como una estrategia para encubrir los robos y, una vez
lograda la impunidad, permitir la continuidad de estos hechos. Se
trata de una estrategia que recuerda otras decisiones tendientes a
encubrir casos de corrupción y ocultar pruebas, tales como la
expropiación de la ex calcográfica Ciccone o la disolución de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

Una genuina investigación requiere que no se modifique el lugar de los
hechos ni se trasladen los libros de guardias y los registros de los
stocks, algo que seguramente sucederá si se procede al cierre de la
unidad. ¿Acaso el ministro Rossi piensa combatir la delincuencia en el
Ejército cerrando cada unidad en la que se verifiquen delitos? ¿No es
más lógico combatir los delitos sin desquitarse con los cuarteles? ¿O
se trata de una confesión de impotencia? En verdad, lo que corresponde
ante la gravedad de estos hechos es que el ministro Rossi y el titular
del Estado Mayor del Ejército, teniente general César Milani,
presenten sus renuncias, pues ambos han fracasado y representan la
decadencia de nuestras fuerzas de defensa, como lo prueba, además, el
reciente uso de una unidad del Ejército por parte de militantes de la
agrupación kirchnerista La Cámpora.

La constante sustracción de armamento pagado por todos los argentinos
y destinado a su defensa tiene una larga y desgraciada tradición en el
país. Recordemos que entre 1991 y 1995 se concretó un voluminoso
contrabando de armamento del Ejército hacia Croacia y luego a Ecuador,
al amparo de decretos secretos firmados por Carlos Menem. Por esas
ventas ilegales fueron condenados el ex presidente y otros ex
funcionarios, quienes apelaron sus condenas ante la Corte Suprema de
Justicia. Algunos de los oficiales del Ejército que revistaban en
Fabricaciones Militares y fueron condenados por el contrabando también
han recibido, en diciembre del año pasado, condenas por la voladura de
la Fábrica Militar de Río Tercero.

Pero lo más preocupante del robo de armamento, además de la
incapacidad o falta de voluntad de las autoridades nacionales para
combatirlo, es que el destino de ese material es el delito violento,
pues tanto en el caso de que sea contrabandeado al exterior o vendido
en el mercado negro interno, esas armas y municiones terminan en manos
de bandas de delincuentes o de narcotraficantes y contribuyen al
incremento incesante de la violencia delictiva, con su secuela de
muertos y heridos.

http://www.lanacion.com.ar/1771180-bochornoso-saqueo-de-cuarteles