La peligrosa dialéctica sobre el golpismo

iernes 27 de febrero de 2015 | Publicado en edición impresa

Editorial I

La peligrosa dialéctica sobre el golpismo

Con sus falsas denuncias sobre intentos desestabilizadores, la
Presidenta recurre a una remanida fórmula dirigida a silenciar a sus
críticos

Tildar de golpista a un disidente es una vieja fórmula del
autoritarismo tendiente a silenciar las críticas a un gobierno. Es la
modalidad elegida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
tanto para desacreditar a sus críticos como para dar rienda suelta a
un relato épico que disimule las falencias de su gestión. Lo grave de
esta estrategia de comunicación presidencial es que no daña tanto a
sus adversarios como a las propias instituciones y la imagen del país.

Ninguna república donde su primer mandatario anda denunciando con
llamativa reiteración intentos de golpes destituyentes contra su
gobierno puede ser bien vista en el mundo. Incluso cuando esas
denuncias, como en el caso de la Argentina, carezcan de fundamento
alguno.

Si bien las denuncias de Cristina Kirchner acerca de conspiraciones
contra su gobierno han sido recurrentes a lo largo de su gestión, en
las últimas semanas recrudecieron a propósito de la convocatoria a la
Marcha del Silencio en homenaje al fiscal Alberto Nisman.

Tras la multitudinaria movilización bajo la lluvia que caracterizó al
recordado 18-F, la jefa del Estado expresó que esa concentración
representó el "bautismo de fuego" del "partido judicial", al que
calificó como "nuevo ariete contra los gobiernos populares, que
suplanta al partido militar en el rol que, en el trágico pasado,
asumiera respecto de gobiernos con legalidad y legitimidad
democrática". En su ataque, arrastró a fiscales y jueces que tomaron
parte de la marcha, a empresarios y a medios de comunicación que no se
han dejado seducir por el relato oficial.

En su afán por desacreditar a todos los sectores críticos de su
gestión, apuntó que todos ellos pretenden "desestabilizar al Poder
Ejecutivo" y "desconocer las decisiones del Poder Legislativo". Como
si una de las funciones del Poder Judicial no fuera el control de
constitucionalidad de las leyes y de cualquier decisión de la
presidenta de la Nación. Como si pretendiera ignorar las premisas
elementales sobre las cuales se funda una república, empezando por el
principio de división de poderes. Y como si la libertad de expresión
pasase a convertirse en un acto golpista cuando se emiten
cuestionamientos a una gestión gubernamental.

Si realmente estuviéramos frente a un intento de golpe de Estado como
el que sugiere, la Presidenta debería presentar inmediatamente una
denuncia ante la Justicia. Algo que probablemente no haga porque ha de
saber que incurriría en el delito de falsa denuncia, que tipifica el
Código Penal.

Frente a las delirantes acusaciones formuladas por la primera
mandataria, jueces y fiscales se unieron en la firma de un documento
en el que rechazaron la idea de que constituyan un "partido judicial".
Al mismo tiempo, consideraron que el ataque presidencial representa un
vulgar y peligroso "intento de presión y condicionamiento".

Está claro que no hay ninguna conspiración en marcha contra el
gobierno de Cristina Kirchner. Hasta sus más duros opositores ansían
como nadie llegar a las elecciones presidenciales para vencer al
oficialismo en las urnas e iniciar una nueva etapa política. Nadie
está pensando seriamente en impedir que las autoridades
constitucionalmente elegidas en 2011 se retiren del poder antes de lo
previsto por nuestra Ley Fundamental.

Resulta claro también que los ataques de la Presidenta contra ciertos
jueces y fiscales obedecen a que buena parte del futuro del
kirchnerismo no se jugará tanto en los próximos comicios como en los
tribunales, donde abundan las causas por hechos de corrupción que
vinculan a funcionarios del Gobierno.

La reciente confirmación del procesamiento de Amado Boudou en una de
las tantas causas judiciales que debe afrontar y la ratificación del
juez federal Claudio Bonadio en la investigación sobre la escandalosa
causa Hotesur, en la que se encuentran involucrados Cristina Kirchner
y su familia, y el pseudoempresario Lázaro Báez, alteraron seguramente
a la jefa del Estado y la llevaron a redoblar sus habituales críticas
tanto a opositores como a magistrados y fiscales que llevan adelante
investigaciones sobre casos de corrupción.

Los desbordes emocionales pueden explicarse por el miedo a la cárcel
de alguien que se aferra a lo que tiene como mecanismo de autodefensa.
La denuncia sobre un "partido judicial", al que, con un llamativo
lenguaje castrense, se compara con un "partido militar" de otras
épocas, no es más que un artilugio presidencial para presionar y
amedrentar a los jueces y fiscales que el 18 de febrero escucharon un
silencioso clamor ciudadano por justicia y por el fin de la impunidad.

Es de esperar que, en su inminente discurso ante la Asamblea
Legislativa, la Presidenta no pretenda profundizar este camino de
discordia y autoritarismo. Sería deseable que el mensaje presidencial
nos alejara del espejo de la pobre Venezuela.

Es menester que el fanatismo y la vehemencia desbordada cedan frente a
la imperiosa necesidad del diálogo y de la concordia. Es
imprescindible recoger el mensaje del papa Francisco sobre la
importancia de crear y edificar una cultura del encuentro, un valor
contrapuesto a la estrategia de confrontación permanente que
realimenta a diario la Presidenta. Por el bien de la Argentina y
también de la propia titular del Poder Ejecutivo Nacional.


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