La muerte del fiscal / Planes de la casa rosada
El Gobierno maniobra para revertir la caída de la imagen presidencial
Admiten la preocupación por las encuestas tras la muerte de Nisman; preparan actos con anuncios de Cristina Kirchner; reclamarán celeridad a la Justicia
Por Mariana Verón | LA NACION
n el regreso de Cristina Kirchner de suviaje a China y en medio del desconcierto que reina puertas adentro, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa después de varias semanas en las que navegó la crisis por la muerte del fiscal Alberto Nisman sin estrategia.
La idea que transmiten en los despachos oficiales es que se buscará reflotar la agenda positiva con anuncios de gestión: ayer se preparaba un acto para la Presidenta. Aunque aún no está decidida la fecha, no se pasa por alto que esta semana estará marcada por la declaración del ex espía Antonio Stiuso y la próxima, por la marcha de silencio convocada por los fiscales.
En la Casa Rosada no ocultan su preocupación por el brusco descenso en la imagen presidencial y revisan encuestas que muestran una baja de hasta 15 puntos. Los funcionarios que monitorean el impacto de la muerte de Nisman reconocen que afectó directamente a la Presidenta, que partía de unos 45 puntos de imagen. Creen, de todas maneras, que mantiene un núcleo duro de apoyo.
En este escenario adverso, los próximos pasos tendrán dos ejes: por un lado, el Gobierno intentará poner el foco en la Justicia, a la que reclamará celeridad. Por el otro, mantener en alto la gestión económica. Para revertir el panorama, confían, necesitan resultados en la investigación. Ayer, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, volvió sobre la hipótesis del suicidio del fiscal.
"Aparecen fiscales que dicen que es un magnicidio [por Carlos Rívolo]. Es una burrada. Se está investigando un suicidio. Si la fiscal entiende que es un homicidio, debería pasar [la causa] al fuero federal", reclamó. El funcionario ya hizo públicas sus críticas a Viviana Fein, a la que retó porque se iba de vacaciones y la terminó obligando a permanecer al frente de la investigación.
Conscientes del impacto negativo, desde ayer el Gobierno moderó drásticamente su postura frente a la marcha que un grupo de fiscales convocó para el próximo 18, cuando se cumpla un mes de la muerte del fiscal que acusó a la Presidenta.
"Es saludable la vocación de la marcha si ellos sienten la vocación de expresarse. Si la oposición quiere sumarse, deberán resolverlo ellos. Soy un vivo retrato de los que peleamos por lograr la libertad para todos. Entiendo que quienes quieran expresarse de esa manera tienen todo el derecho", sorprendió el secretario general de la Presidencia en diálogo con radio Nacional Rock.
Apenas se lanzó la convocatoria, el viernes pasado, el Gobierno había criticado la manifestación, y en las últimas horas, la presidenta de la agrupación Justicia Legítima, la camarista María Laura Garrigós de Rebori, se sumó a los cuestionamientos (ver página 6).
Pero puertas adentro, en Balcarce 50 comenzó a preocupar el efecto adverso que las críticas de la marcha podrían depararle. Temen ahora que cualquier cosa que digan pueda sumar mayor concurrencia.
POSIBLES CAMBIOS A LA AFI
Sin estrategia, los funcionarios esperaron el regreso de Cristina Kirchner, anteayer, para comenzar a resolver los temas pendientes. Tras las fuertes críticas que recibieron, en el oficialismo dejaban abierta la posibilidad de sumar más cambios al proyecto de ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia, el organismo que reemplazará a la actual secretaría que conduce Oscar Parrilli.
De hecho, la semana pasada, durante la firma del dictamen, el senador kirchnerista José Mayans dijo que hasta el momento del debate en el recinto, el jueves próximo, podrían hacerse más modificaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo (de lo que se informa por separado).
Los retoques, menores, que se le introdujeron a la iniciativa no conformaron al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dirigido por Horacio Verbitsky, que participó de la audiencia en comisión.
Según dijeron a LA NACION fuentes oficiales, la propuesta podría introducir mayores controles sobre los fondos reservados, uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa. Además, se podría achicar el plazo de 25 años que se exige para levantar los secretos de Estado.
Con Cristina Kirchner de vuelta en el país, la idea del Gobierno será amplificar los anuncios de gestión y retomar lo que fueron los acuerdos alcanzados recientemente en el viaje a China, que pasaron casi inadvertidos a los ojos del oficialismo.
La Presidenta volvió el sábado a las 9, previa escala en Marruecos, donde durmió en el hotel La Mamounia.
ACUERDOS CON CHINA
Está previsto que para su primer acto esta semana la Presidenta muestre los resultados de la reunión con su par chino Xi Jinping, que tuvo acuerdos por más de 20.000 millones de dólares, una cifra tan alta que en la Casa Rosada no se explicaban cómo ningún funcionario la había promocionado, sobre todo en lo que tiene que ver con los convenios de tecnología espacial y de infraestructura, entre otros.
El Gobierno buscará, además, reacomodar la estrategia comunicacional, sobre todo después del papelón del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que arrancó la semana rompiendo en cámara dos notas del diario Clarín con información que él llamó "basura" y que en 24 horas quedó completamente confirmada.
Tras aquel paso en falso, fue Aníbal Fernández el que reencauzó el discurso oficial, aunque ello generó disputas internas en el gabinete (ver aparte). El funcionario retó a la fiscal Viviana Fein porque pretendía irse de vacaciones, logró aguarle su descanso y fue el primero en reclamar que la Justicia convocara al ex espía Antonio Jaime Stiuso, a quien finalmente se llamó a declarar.
La preocupación en Balcarce 50 es que la falta de resultados en la causa afecta directamente a la Casa Rosada, y confían en la intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, para encauzar la investigación.
En paralelo, el jefe de la SI, Oscar Parrilli, anunció que relevaba de la obligación de guardar secreto a Stiuso durante toda su gestión como espía, desde 1972 hasta el 5 de enero pasado, una jugada para mostrarse como un gobierno que no tiene nada que ocultar.
Previamente, el Ministerio de Seguridad denunció a los responsables de la custodia del fiscal, en otro atajo por evitar acusaciones de posible encubrimiento policial.
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