Domingo 28 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

El festival intervencionista no tiene fin

Las proyectadas medidas regulatorias del mercado de capitales y de las inversiones del sector asegurador aumentan el poder discrecional del Gobierno

El contenido del nuevo régimen regulatorio del mercado de capitales que proyecta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deja serias dudas sobre la verdadera intención de la transformación proyectada. Junto a algunos objetivos que deben considerarse positivos, como la desmutualización de las bolsas y una mayor integración entre ellas, hay otros que sólo parecen obedecer a un afán intervencionista y de ejercicio discrecional del poder.

La intervención del Estado en la vida económica ha avanzado raudamente de la mano de un gobierno que no sólo hace de él una consigna ideológica, sino también un instrumento de manejo discrecional y de dominio político. La intención de decidir sobre las inversiones de las compañías de seguros y ciertas modificaciones de la ley de oferta pública constituyen ahora un nuevo hito en ese sentido.

Si la Comisión Nacional de Valores (CNV) hubiera en estos últimos tiempos mostrado un perfil técnico y no político, podría pensarse que esta observación constituye una presunción excesiva. Pero ocurre justamente lo contrario. El titular de la CNV ha excedido permanentemente sus atribuciones y ha sido un brazo político del Gobierno en la persecución y el amedrentamiento de personas o empresas según los objetivos del poder. Así lo demostró, por ejemplo, en sus actuaciones sobre Papel Prensa o en la constitución de una comisión investigadora y acusadora de empresarios y funcionarios civiles por antiguos supuestos delitos sobre derechos humanos.

Por otro lado, la abrumadora propaganda oficial sobre el uso de la ley de medios en la contienda del Gobierno con el Grupo Clarín hace pensar que estos avances legislativos apuntan a disponer de nuevos instrumentos en esa batalla. La gradual pérdida de popularidad de la Presidenta tal vez quiera compensarse con la consolidación de su poder, apoyada en una creciente estatización de la economía y de la sociedad. Las mayorías parlamentarias oficialistas sólo se ocupan de dar rápido curso a estos proyectos, mirando hacia otro lado cuando se hacen cada vez más evidentes estas intenciones.

En el nuevo régimen propuesto para los mercados de capitales y de productos, se reemplazará la autorregulación ejercida por las entidades bursátiles, transfiriéndola exclusivamente a la CNV. Debe reconocerse que ésta es una tendencia observada en el mundo y que desde ese punto de vista no tendría objeción. Tampoco la tendría la propuesta de desmutualizar las bolsas y mercados, transformándolos en sociedades anónimas, sin exigir el carácter de accionista para ser operador. Este proceso también ha ocurrido en el plano internacional y ha sido el paso previo para la fusión de las bolsas en Estados Unidos, Europa, Asia y en Brasil.

Pero debe señalarse que el escaso tamaño y la reducida operatoria de nuestros mercados bursátiles no se deben ni a la autorregulación ni a la mutualización, sino a los efectos nocivos de la inflación, a la desconfianza, la ausencia de seguridad jurídica y la pérdida de incentivos. Así, la limitación del secreto bursátil que propone la nueva legislación va en el sentido contrario al necesario para recuperar el atractivo y la confianza en la oferta pública. Sólo logra agregar más motivos de suspicacia sobre la verdadera intención de estas reformas.

Un error de enfoque similar se observa en el tratamiento que pretende darse a las calificadoras de riesgo. Parecería que el Gobierno intenta sustituirlas por la sola razón de que recibe sistemáticamente evaluaciones negativas sobre sus propios bonos. No debe ser objeto de las universidades, como pretende la nueva ley, calificar bonos y acciones. En todo caso, deberían hacerse respetar normas de calidad en los informes de calificación de riesgo, que es lo que finalmente hace el mercado demandando y valorando el trabajo de las calificadoras según su seriedad y excelencia.

Un nuevo avance intervencionista lo constituye la obligación impuesta a las compañías de seguros de destinar un cierto porcentaje de su cartera a financiar inversiones en la economía real. El Gobierno, que no dispone de crédito ni presupuesto, tendrá así una nueva fuente para financiar obras públicas. Pero esto ocurrirá a un costo para las compañías que necesariamente será trasladado a sus clientes. Todo manejo de una parte de una cartera de fondos que oriente compulsivamente el Estado y que no hubiera sido decidido por quien tiene que optimizar el rendimiento implica ineficiencia y pérdida de rentabilidad.

Estas medidas se suman al festival de intervencionismo iniciado con el cepo cambiario, que, además de cercenar libertades, ha tenido efectos claramente negativos para la seguridad jurídica y para la economía del país. Hasta tal punto que virtualmente paralizó las operaciones inmobiliarias, impactó gravemente en la producción e importación de bienes de capital, y provocó la mayor caída de la inversión desde 2002, con una disminución del 15 por ciento, de acuerdo con un trabajo del Ieral.

En definitiva, todo avance del intervencionismo tiene un costo que inevitablemente se pagará en menor competitividad, mayores impuestos o más inflación. No habrá, en consecuencia, redistribución sino pérdida de riqueza.

La Nacion