El Gobierno recusó a un camarista por el caso Clarín

Sábado 27 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa

Ley de medios

El Gobierno recusó a un camarista por el caso Clarín

Lo acusó de haber sido invitado por la empresa periodística a un viaje a Miami, aunque no aportó pruebas


El Gobierno continúa con su estrategia de apartar a todos los jueces que fueron sorteados, hace años, para intervenir en el caso Grupo Clarín sobre la ley de medios y busca reemplazarlos por otros que considera más afines a sus objetivos: ayer recusó al camarista civil y comercial Francisco de las Carreras.

Para fundamentar la recusación "con causa" y evitar que De las Carreras, uno de los camaristas que integra la sala donde está radicada la controvertida causa, pueda continuar tomando decisiones en ese expediente, el Estado nacional afirmó que el juez fue invitado por el Grupo Clarín a un viaje de turismo, algo que es inexacto, según pudo averiguar LA NACION.

Según la versión del oficialismo, De las Carreras participó "en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo", mientras se tramitaba en su sala un caso vinculado con el grupo mediático. El dato fue publicado por el diario Página 12, que hacía referencia al escrito de recusación del Estado nacional.

Pero, según surge de documentos y de la página web del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Certal), una ONG que tiene presencia en 15 países, De las Carreras viajó a Miami para participar de la Cumbre Mundial sobre Propiedad Intelectual.

Durante varios días, los asistentes participaron de la reunión, en la que se debatió un tema que es competencia profesional que habitualmente tratan los jueces civiles y comerciales. Y quien abrió el evento, en el que estuvieron De las Carreras y otros jueces argentinos, fue Enrique Martínez, presidente y director ejecutivo de Discovery Network.

En el congreso, claro está, participó Carlos Moltini, director de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, pero también Ana Stiegel, vicepresidenta de Asuntos Legales de Fox; el eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja; varios ministros de la Corte Suprema de Paraguay y Uruguay; el camarista federal Allyson Kay Duncan (Estados Unidos); el presidente de la Asociación de Brasil de Jueces Federales de Brasil, Gabriel Tedesco Teddy, y el titular del Comfer de Colombia, Carlos Rebelión; entre otros 300 participantes extranjeros.

Hasta ahora, el Gobierno provocó la renuncia del juez de primera instancia interino, Raúl Tettamanti; recusó a su reemplazante, Roberto Torti; intenta imponer a través del Consejo de la Magistratura a un juez afín al kirchnerismo, posiblemente la actual funcionaria del gobierno nacional María Lorena Gagliardi, y ahora comenzó a recusar a Francisco de las Carreras y a otros camaristas.

La idea del Gobierno es que todos los jueces queden inhabilitados para que sólo puedan actuar, en su reemplazo, los jueces del fuero contencioso administrativo, que reemplazan a los civiles federales, o los abogados nombrados por el Senado, anteayer, como conjueces.

Lo que está en juego es la causa abierta a partir de la denuncia de inconstitucionalidad que planteó el Grupo Clarín sobre dos artículos de la ley de medios, sancionada por el Congreso hace tres años. La empresa fue beneficiada por una medida cautelar que suspendió la aplicación de esos incisos (los que obligan a desprenderse de medios y licencias). La Corte Suprema le puso plazo de vencimiento a esa medida: el 7 de diciembre. Si antes de esa fecha no hay un fallo sobre el fondo de la cuestión, el Gobierno advierte que aplicará de oficio la ley

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