Presupuesto 2013
Habrá más fondos para Chávez que para vivienda
Se destinarán al rubro $ 5873 millones; para adquirir combustibles a Venezuela, $ 9490 millones
Por Diego Cabot | LA NACION
arlos Rívolo, el fiscal federal que impulsó la investigación del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, enfrenta desde el viernes un sumario administrativo que le inició la nueva procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lo acusa de cobrar un plus salarial indebidamente y con su conocimiento.
El fiscal, que meses atrás fue apartado de la causa contra Boudou, solicitó y cobró un salario extra por haber colaborado durante el juicio oral y público contra los responsables de la empresa LAPA por la muerte de 65 personas en el vuelo que se estrelló antes de despegar de Aeroparque, en 1999.
Además de iniciarle una investigación interna (bajo amenaza de ser denunciado penalmente), le reclaman a Rívolo devolver ese dinero, un total de 97.940,79 pesos.
La decisión del viernes pasado de la nueva procuradora se enmarca en una serie de cuatro resoluciones (335 a 338) mediante las cuales dio marcha atrás con las medidas que había tomado su antecesor en el cargo, Luis González Warcalde.
Ese funcionario había asumido interinamente la Procuración General en reemplazo de Esteban Righi, que renunció cuando Boudou salió a denunciarlo en Semana Santa para defenderse de las acusaciones en su contra por el caso de la ex imprenta Ciccone.
Gils Carbó, así, decidió poner en comisión por 30 días a todos los empleados que fueron efectivizados por González Warcalde y que antes tenían contratos. Son unas 700 personas, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, y la idea es analizar caso por caso.
También la procuradora promovida por Cristina Kirchner (y votada por el Senado) dio marcha atrás con traslados que había dispuesto el suplente y con el pago de sumas adicionales por títulos universitarios o antigüedad en la profesión.
Estas medidas provocaron inquietud en fiscales de todo el país, que, preocupados, analizan los pasos por seguir porque entienden que con esas decisiones podrían vulnerarse derechos adquiridos.
Pero la que mayor preocupación provocó fue la medida que alcanzó a Rívolo. Fue leída por al menos tres fiscales consultados por LA NACION como un sanción por la actuación del fiscal en el caso Boudou y un modo de disciplinar al resto de los fiscales que investigan causas sensibles para el poder político.
La resolución de Gils Carbó referida a Rívolo lleva el número 334 y allí se menciona que el ex procurador Righi había denegado el pedido de Rívolo para cobrar ese plus previsto en los casos de subrogancia. Dijo que Rívolo fue convocado en aquel juicio por el accidente de LAPA como coadyuvante y no como subrogante por el fiscal que estaba en el proceso en ese momento. Y dijo que entonces no correspondía el pago de la diferencia salarial.
Pero González Warcalde revisó esa decisión y entendió que correspondía el pago por las dificultades que enfrentó el fiscal en el juicio y por la "generosa entrega" de Rívolo en la causa.
Ahora Gils Carbó revisó esos criterios y después de consultar nuevamente con el área jurídica entendió que la decisión de González Warcalde implicaba "graves vicios de violación de la ley y de procedimiento" porque, repitió, lo que hizo Rívolo no fue un reemplazo ni una subrogancia.
Añadió la procuradora general que le resultaba "llamativo" que González Warcalde hubiera revocado la decisión de Righi por las suyas y a pesar de que había sido consentida por el propio Rívolo en su momento.
Para Gils Carbó y su asesoría jurídica, Rívolo reclamó el pago a sabiendas de que no correspondía, dado su "especial versación jurídica", por lo que dispuso notificar a la Secretaría Disciplinaria para iniciar un sumario a Rívolo y a González Warcalde.
El fiscal general Ernesto Rizzi llevó adelante el juicio en medio de algunos problemas de salud por lo que convocó a Rívolo, que había instruido el caso. Su actuación en el juicio duró dos años hasta que se conoció la sentencia en 2010.
Rívolo en su fiscalía investigó este año a Boudou por supuestas negociaciones incompatibles con su función por interesarse en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone, controlada supuestamente por un grupo de allegados al vicepresidente.
Le imprimió vértigo al sumario y encabezó en abril pasado un allanamiento a un departamento que el vicepresidente tiene en Puerto Madero, donde encontró que las expensas y algunos servicios eran pagados por Alejandro Vandenbroele, entonces director de la imprenta (hoy estatizada) y acusado por su ex esposa de ser testaferro de Boudou.
La defensa de Boudou intentó frenar a Rívolo pidiendo su apartamiento. Todavía hoy la defensa de Boudou reclama que se analice la actuación de Rívolo en esa causa, para eliminar las pruebas que él consiguió.
El juez Ariel Lijo, actualmente a cargo de la causa que empezó Daniel Rafecas, unificó la investigación de la ex Ciccone con una anterior; de ese modo, el caso cambió de fiscal, asumió Jorge Di Lello y Rívolo quedó oficialmente fuera de la investigación.
La nueva procuradora
Emitió resoluciones que tienen en vilo a los fiscales
Alejandra Gils Carbó
Procuradora general
- Segunda opción
Fue propuesta por Cristina tras el fracaso de su primera opción, Daniel Reposo.
- Las medidas
Abrió un sumario contra Rívolo y recortó adicionales a los fiscales.
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