Lunes 22 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

El sideral déficit de las empresas públicas

Es inadmisible que la sociedad deba asumir las pérdidas millonarias de muchas compañías en las cuales la participación del Estado no se justifica

esulta preocupante contemplar cómo se asignan sumas millonarias del erario para solventar la ineficiencia de las empresas estatales.

El Tesoro nacional destinará este año no menos de 30.400 millones de pesos para cubrir el déficit de las empresas del Estado, más del doble del previsto en 2011 y cerca del 11% más que lo presupuestado originalmente. Para 2013, en tanto, se prevé transferir para el mismo fin $ 33.476 millones, según un presupuesto que, como habitualmente ocurre, terminará extendiéndose merced a los superpoderes delegados al Poder Ejecutivo por el Congreso.

Este monto supera al que se prevé para los servicios de salud ($ 24.983 millones), promoción y asistencia social ($ 12.389 millones) o vivienda y urbanismo ($ 5874 millones). A su vez, es casi igual que el presupuesto de defensa y seguridad, que asciende a 34.903 millones de pesos.

Las mayores erogaciones previstas para las empresas del sector público se hallan en la petrolera Enarsa, para la que se prevén en 2013 unos 14.000 millones de pesos. El Sistema de Radio y Televisión Argentina recibirá $ 786 millones, más 289 millones para la agencia oficial Télam. Para AySA se prevé un aporte del Tesoro de unos $ 5500 millones, de los cuales sólo 800 millones se orientarán a obras de infraestructura. Otros $ 3200 millones están previstos para el Ferrocarril General Belgrano, con la particularidad de que sólo alcanzarán para cubrir el pago de sueldos del personal.

Fuera de los más de 33.000 millones previstos en el presupuesto, se encuentra el déficit que arrojará Aerolíneas Argentinas, reestatizada en 2008. Para calcular sus pérdidas, en 2013, hay que tener en cuenta que a lo largo de los primeros siete meses de 2012 tuvo un saldo deficitario del orden de los $ 11 millones por día. A pesar de esta pérdida, hoy casi crónica, el equipo de administradores de La Cámpora continúa en sus puestos, tal vez por privilegiar su afinidad ideológica y subordinación antes que la idoneidad y la capacidad gerencial.

Parecería que las empresas que actualmente posee el Estado, gran parte de las cuales fueron reestatizadas por el gobierno kirchnerista, son conservadas con la única finalidad de aumentar los espacios de poder. Predomina una visión cargada de ideología que le impide al oficialismo desprenderse de las mal administradas, con altos índices de corrupción, y que no cumplen ninguna actividad o función que justifique estar en manos del Estado. Se observan casos extremos, como el de Líneas Aéreas Federales (Lafsa), que muestra el récord de no haber tenido nunca aviones aunque sí personal para tripularlos; para el presente año, tenía un presupuesto de 3,1 millones de pesos.

A juzgar por los pésimos resultados de la gestión pública, no extraña que la treintena de sociedades en las que el Estado tiene una participación mayor al 50% muestren algunas peculiaridades más allá del déficit. En casi todas ellas, se observan altos salarios, muy por encima de la media, seguramente como consecuencia de la presencia de gremios fuertes frente a conducciones más políticas que empresarias. Y hay poca información disponible, lo que torna difícil medir la magnitud del déficit y conocer la real cantidad de empleados. Precisamente, las dotaciones han crecido exponencialmente y en algún caso hasta se han triplicado.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo con facultades para controlar estas empresas, pareciera haber decidido ocultar la información en contradicción con su obligación de otorgar transparencia a la gestión pública. Su silencio o las justificaciones ante los requerimientos realizados (seguridad nacional, secreto de Estado o protección de la intimidad) siguen degradando la calidad democrática.

La falsa creencia oficial de que un "Estado activo" debe exponer esa cualidad ejercitando actividades empresarias genera una pesada carga sobre las espaldas de los contribuyentes. Es difícil comprender que el conjunto de la sociedad deba asumir las pérdidas de empresas que ejercen actividades comerciales y que la actividad privada puede cubrir.

Se entiende que, en algunos casos, por la relevancia de la prestación o el carácter de servicio público, deba existir un control estatal idóneo que garantice el cumplimiento de normas y obligaciones, pero no necesariamente la prestación directa. Una empresa pública con exceso de personal y pautas de operación que tienden a la ineficiencia excluye la posibilidad de la creatividad y el mejoramiento tecnológico. La protección artificial de sus mercados suele afectar también la competencia y las inversiones privadas, esto es, la generación de riqueza y empleo genuino.

Hace más de 150 años, Juan Bautista Alberdi decía que "el gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia. No ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre.".

Urge optimizar el manejo de los fondos públicos reduciendo la actividad comercial y empresaria del Estado e incorporando eficiencia, transparencia e idoneidad en la administración pública. Más aún cuando no pocas empresas públicas son enormes focos de corrupción y clientelismo político, en las cuales el profesionalismo y la austeridad brillan por su ausencia. En tanto las empresas estatales no sean reprivatizadas, se deberán evitar las designaciones políticas y la adhesión a conceptos ideológicos tan paralizantes como obsoletos. Caso contrario, este gobierno que se dice progresista seguirá dilapidando millones de pesos que podrían asignarse a los más necesitados.