Editorial I
Cine argentino, propaganda y beneficios para los amigos
Hay una extensa lista de allegados al kirchnerismo entre los beneficiarios de subsidios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
Después de vivir épocas de recordado esplendor en los años cuarenta y cincuenta, la industria cinematográfica en la Argentina ha experimentado diversas transiciones que la alejaron del favor del público local al que naturalmente se supone dirigida.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) -ente autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación- debería buscar el fomento y la regulación de nuestra actividad cinematográfica en todo el territorio argentino y en el exterior. Justamente, de él depende la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico (FCC), cuya principal y más conocida función es estimular la producción de películas mediante el otorgamiento de subsidios.
Entre otras fuentes de ingresos, el FCC es alimentado por el 10 por ciento de la recaudación de las obras cinematográficas y del canon que pagan al Estado los canales de TV abierta. En el caso de producciones enormemente exitosas, como Relatos salvajes (hasta octubre pasado llevaba recaudados $ 147,2 millones) o Metegol (recaudó $ 104 millones), éstas aportan más de lo que reciben.
Pero, como lo ha demostrado una reciente investigación de LA NACION, no siempre el éxito de una obra se corresponde con la posibilidad de recibir subsidios proporcionales a él. Si las películas Relatos salvajes y Metegol recibieron cada una un subsidio de $ 3,2 millones y $ 2,7 millones, respectivamente, hubo otras que presentan situaciones muy diferentes: de las 764 películas subsidiadas entre enero de 2008 y octubre de 2014, 309 fueron vistas sumadas en conjunto por menos de 10.000 espectadores -y costaron $ 211 millones, un tercio de los $ 641 millones invertidos en subsidios- y 253 películas llevaron menos de 5000 espectadores a las salas, y de ellas 83 no alcanzaron los 1000 espectadores.
No siempre el hecho de que una película tenga un gran o mediano éxito de público significa que su valor artístico sea menor, y en eso concuerdan incluso aquellos que con razón discuten sobre la eficiencia económica y cultural de la inversión pública en la producción cinematográfica. Sin embargo, hay otros problemas de gravedad: por ejemplo, la denuncia que la Asociación de Productores y Realizadores Independientes, presidida por Luis Barone, hizo contra la ex presidenta del Incaa y actual diputada kirchnerista Liliana Mazure por el presunto desvío de $ 1035 millones del FFC a gastos corrientes del ente. Esto fue contestado por Mazure, quien reconoció que si bien esos fondos se usaron para la creación del canal estatal Incaa TV, los planes de fomento de contenidos para la TV digital (TDA), Internet y videojuegos, y la homologación del convenio colectivo de trabajo que "normalizó" la situación de cientos de contratados, ello se hizo porque el decreto reglamentario de la ley de medios obliga a invertir el 25% de lo recaudado por la Afsca en producción de contenidos para TV. Algo que no está previsto en la anterior ley del cine, que es la que rige para el FCC. Para los denunciantes, lo novedoso y paradójico es que no se apliquen al cine sus propios fondos.
Del entrecruzamiento de datos durante el mencionado período surge que, además de los productores de cine reconocidos -muchos de ellos, con películas exitosas en taquilla y en premios-, hay una lista de beneficiarios de subsidios al cine bastante extensa, compuesta por funcionarios, amigos, dirigentes y empleados del kirchnerismo.
En el período entre 2008 y 2014, más de 570 empresas, organizaciones y particulares recibieron un total de $ 641 millones. Según el relevamiento de este diario, buena parte de esas compañías fueron creadas en los últimos ocho años. Quizás el ejemplo más escandaloso de lo señalado sea Néstor Kirchner, la película (y el libro y la muestra itinerante que completaron el conjunto), que ya le ha costado al Estado más de $ 10 millones y que actualmente continúa recibiendo pagos de subsidios del Incaa. A esos recursos se suman las ventas de libros a varios organismos públicos y ayudas económicas oficiales a la puesta de la muestra itinerante.
En efecto, según un relevamiento hecho por LNData, este film acumuló hasta octubre pasado $ 3.887.778 en concepto de subsidio a la exhibición en salas, donde convocó a 110.699 espectadores; pero, también, obtuvo otros $ 2,6 millones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la entonces Secretaría de Cultura (conducida en esa época por Jorge Coscia, ex esposo de la directora de una de las versiones del film, Paula Luque), del Senado y de la Cámara de Diputados. A eso se suman, además, $ 2,3 millones reconocidos públicamente por los dueños de Tochineki, la productora del homenaje, aportados por los bancos Nación y Provincia, y las loterías de Buenos Aires y Chaco. Finalmente, otros $ 1.401.505,97 fueron aportados en especies por el Correo Oficial, que no cobró el traslado de la muestra itinerante, que recorrió 15 ciudades y 46.669 km. De la suma de todos estos pagos, registrados oficialmente, surgen entonces los más de $ 10 millones ya mencionados.
Éstos son sólo algunos de los datos que se manejan, porque para que el panorama fuera más completo deberían cruzarse con los costos de producción, datos que el Incaa tiene, pero que no difunde. Escudándose en la complejidad propia de la industria y el número multitudinario de intervinientes (productores, técnicos, actores, etcétera), el tema de los subsidios a la industria cinematográfica en la Argentina oculta el hecho de que no se está destinando al cine todo lo que la ley exige y que, cuando efectivamente se lo hace, está siempre presente la misma lista de amigos del oficialismo para beneficiarse, una situación demasiado conocida para la opinión pública durante la mal llamada "década ganada".http://www.lanacion.com.ar/1756237-cine-argentino-propaganda-y-beneficios-para-los-amigos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario