Con fuertes reclamos de la oposición, el oficialismo convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal
Las críticas se centraron en denunciar que el proyecto impulsado por el Gobierno busca garantizar la "impunidad" de los funcionarios del Ejecutivo; no tendrá aplicación inmediata
El oficialismo convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal, pese a las fuertes críticas de la oposición que se centraron, en especial, en denunciar que el proyecto impulsado por la Presidenta busca garantizar la "impunidad" de los funcionarios del Gobierno.
En una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó por 130 votos a favor, 99 votos en contra y dos abstenciones la iniciativa que había recibido un tratamiento exprés en comisión hace una semana, luego de que fuera aprobada en el Senado tras numerosas modificaciones (por 39 votos a favor contra 24 en contra).
Graciela Giannettasio (FpV), como presidenta de la comisión de Justicia, fue la miembro informante del oficialismo y destacó que "el Código le da protagonismo a la víctima" y, entre otras cosas, "utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad".
Sin embargo, desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno.
La reforma principal del nuevo código es que la investigación, hoy en manos de los jueces, quedará a cargo de los fiscales
En este sentido, Manuel Garrido (UCR) advirtió que "llama la atención que lo único que se va a aplicar" en lo inmediato "es el Anexo 2, que implica un incremento sustancial en la planta de funcionarios públicos designados", lo cual dijo luego que "responde al nefasto esquema del Ministerio Público especular".El massista Gilberto Alegre no se mostró convencido con la explicación de la diputada oficialista ya que denunció que el proyecto oficial busca "la designación inmediata de funcionarios adictos al Gobierno que garantice a futuro impunidad".
En igual forma, el peronista disidente Carlos Caserio (Unión por Córdoba) se sumó a esta teoría al sostener que con este proyecto "lo que se busca es poder elegir funcionarios que sean adictos al poder político".
"No nos rasguemos las vestiduras", contestó la ultrakirchnerista Diana Conti para rechazar las críticas de la oposición y asegurar que "esos cargos que se crean son cargos bien habidos y bien dados" y "aún con el Código actual, con la procuradora de la Nación cuestionada, como la quieren hacer ver, es insuficiente" el personal del Ministerio Público para que "se aceleren los juicios".
La reforma principal del nuevo código es que la investigación, hoy en manos de los jueces, quedará a cargo de los fiscales. Casi toda la oposición acompañó ese cambio, así como el acortamiento de los plazos y la oralidad de las audiencias. De esta forma se cambia el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio.
Los puntos más cuestionados
Los puntos que generaron más discusión fueron los nuevos criterios para el dictado de la prisión preventiva, la posibilidad de expulsar a extranjeros que cometan delitos, la designación de 1734 personas en el Ministerio Público (contemplada en un anexo del proyecto) y la falta de una ley de implementación, así como de una nueva ley orgánica del Ministerio Público.
La posibilidad de expulsar a extranjeros que cometan delitos, la designación de 1734 personas en el Ministerio Público, son los puntos más polémicos
El nuevo Código prevé que se creen 17 nuevas fiscalías generales, que se incorporen mas de 1700 empleados a las fiscalías, pone plazos perentorios para acortar los procesos, establece un menú de 10 medidas alternativas y previas al dictado de la prisión preventiva y facilita la suspensión del juicio a prueba a extranjeros si son detenidos in fraganti.
Hoy, los jueces sólo pueden dictar la prisión preventiva de un imputado si existen riesgos procesales, esto es, si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. El nuevo código dice que los magistrados también pueden tener en cuenta las condiciones del imputado, como por ejemplo si tuvo detenciones previas.
El Gobierno no prevé aplicar de inmediato el nuevo Código
Según reveló LA NACION hace diez días, el Gobierno no tiene previsto poner en marcha de inmediato el nuevo Código Procesal Penal , sino que pospondrá su aplicación.
Para que el nuevo Código se aplique son necesarias al menos dos leyes complementarias: la reformada ley de Ministerio Público y la ley de implementación del Código. Con las líneas que emanan de la procuradora Alejandra Gils Carbó, un equipo a cargo del asesor Alberto Binder está trabajando en los trazos gruesos de la ley modificatoria del Ministerio Público. Se descuenta que se centrará en crear fiscalías especializadas. El sistema de asignación de causas ya fue determinado que será por sorteo.
Paralelamente, se debe elaborar una ley de implementación que contemple la creación de nuevos cargos, el presupuesto, que explique la nueva organización de la Justicia, si seguirán existiendo los fueros especializados penal económico o penal tributario, como hasta ahora, y si las jerarquías de los jueces será la actual o una diferente, entre otras cuestiones.
Los funcionarios están atentos a la experiencia bonaerense, donde el código acusatorio se puso en marcha en 1998, a los tropezones, sin contar con presupuesto y sin una implantación adecuada. Un alto funcionario explicó que recién en marzo próximo podría ingresar en el Congreso alguna de estas leyes complementarias, de arduo trámite considerando que será un año electoral.
Agencias DyN y Télamhttp://www.lanacion.com.ar/1749524-con-fuerte-resistencia-de-la-oposicion-el-oficialismo-aprobo-el-nuevo-codigo-procesal-penal
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