Miércoles 03 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa

El análisis

Una revolución en la Justicia que el Congreso aprueba a ciegas

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Ayer, en un austero cóctel con periodistas por las fiestas de fin de año, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguró que la "independencia del Poder Judicial es un tema central para esta Corte". Mencionó otros asuntos también centrales (como el narcotráfico), pero la alusión a la independencia de los jueces fue especialmente oportuna. Ningún periodista o funcionario judicial presente pudo ignorar que tales palabras fueron dichas en medio de la más tenaz e intensa campaña que haya sufrido un juez que investiga el patrimonio de los gobernantes, como es el caso de Claudio Bonadio. O que esos conceptos de Lorenzetti precedieron a la sanción definitiva de la reforma del Código Procesal Penal, que busca poner en manos de Alejandra Gils Carbó el monopolio de la investigación penal federal.

El kirchnerismo es insistente. Cuando una puerta se le cierra, abre un boquete en la pared de al lado. Está tratando ahora de conseguir con la ley de telecomunicaciones lo que no logró con la ley de medios audiovisuales; es decir, la destrucción del Grupo Clarín. Con la reforma del Código Procesal, intenta provocar una revolución en la Justicia, que es lo que se propuso sin suerte con la reforma judicial abortada a último momento por la Corte Suprema.

El ritmo es de vértigo. La Cámara de Diputados le dará seguramente sanción definitiva a la reforma del Código Procesal en una sesión prevista para mañana. Habrán pasado apenas 14 días desde que fue tratado y aprobado por el Senado. Es un Código que legislará sobre cuestiones penales; cada línea de sus preceptos decidirá sobre el honor y la libertad de las personas. Necesitaría, por lo tanto, de consensos más amplios que la mayoría automática del cristinismo parlamentario. Importa poco. Al oficialismo sólo le interesa mostrar la prepotencia de una mayoría pasajera.

Si se la mira bien, toda la estructura de la reforma del Código Procesal es cuestionable. Lo único claro es que cambian los jueces por los fiscales en la investigación penal. Se trata de los casos federales; esto es, de los delitos como narcotráfico, corrupción de funcionarios públicos nacionales, causas de la AFIP, daños al medio ambiente, entre otros pocos. También de los delitos cometidos en la Capital Federal que no fueron transferidos a la justicia local. El resto de los delitos perpetrados en el país se investigan y se terminan en las justicias provinciales.

Cambian los jueces por los fiscales, pero ¿cuál será el modelo de justicia? ¿Cuál será la función de cada juez una vez que se haya entregado a los fiscales el poder de la investigación? ¿Cuál será el papel de las cámaras de segunda instancia? ¿Habrá, como hay ahora, una Cámara de Casación? Nada se dice sobre esas preguntas. Todas esas cuestiones cruciales quedaron para ser resueltas en futuras leyes, que nadie anticipó cuándo serán enviadas al Congreso. Los legisladores están decidiendo a ciegas un cambio revolucionario en el sistema penal argentino.

Vale la pena consignar un ejemplo cercano. La provincia de Buenos Aires también cambió su justicia hacia el sistema acusatorio y no por eso resolvió la injusticia ni el crimen. Pero existe un dato especialmente desalentador. Ese cambio provocó en su momento un colapso sin límites ni medidas en la justicia bonaerense. En Dolores, una zona rural y tranquila comparada con otros territorios más conflictivos de Buenos Aires, se llegaron a perder hasta 300 causas por mes. "El cambio convirtió a culpables en inocentes de la noche a la mañana", recuerda un juez bonaerense.

Es probable que gran parte de este nuevo Código no pueda entrar en funcionamiento en el acto. No sólo faltan las leyes adicionales; tampoco está la estructura logística de la Justicia para semejante modificación. Hay una sola cosa que el Gobierno sí podrá hacer de inmediato: nombrar a 1700 fiscales y a 17 fiscales generales. En verdad, estos fiscales generales ya están siendo designados, aunque de facto, por Gils Carbó. La jefa de los fiscales está haciendo una persistente construcción de poder en la Justicia. Proteger y perseguir es su razón de existir. Proteger a los amigos, perseguir a los enemigos. Fuentes judiciales seguras adelantaron que es inminente una presentación en los tribunales para frenar la designación de los fiscales generales, actuales y futuros.

La Constitución de 1994 le dio al Ministerio Público Fiscal (es decir, a los fiscales) el rol de un virtual cuarto poder. Pero no les dio a los fiscales autonomía financiera ni inamovilidad en los cargos. Es, así las cosas, un cuarto poder sin libertad. Las facultades disciplinarias están virtualmente en manos de Gils Carbó. No existe, como el Consejo de la Magistratura para los jueces, un organismo independiente en condiciones de juzgar la gestión de los fiscales. El traslado de la investigación a los fiscales es, en rigor, una enorme transferencia de poder a Gils Carbó, o a cualquier otro gobierno en condiciones de nombrar a un jefe de los fiscales.

Las declaraciones indagatorias, que son la antesala de los procesamientos, dejarán de existir. El procesamiento sólo lo pueden decidir los jueces, pero éstos perderán la facultad de investigar. Un paraíso futuro, por ejemplo, para Amado Boudou, que ya fue dos veces procesado por casos de corrupción. Dicen que la ley no es retroactiva. Pero varios jueces adelantaron ya que ellos se verán obligados a aplicar la ley más benigna, que es otro principio universal de la justicia. Boudou podría ser rápidamente desprocesado si el Código estuviera plenamente en vigor antes de que terminara el gobierno de Cristina Kirchner.

Un aspecto especialmente agresivo para el Estado de Derecho es la disposición del artículo 213 del nuevo Código. Faculta a Gils Carbó, o a cualquier fiscal a sus órdenes, a iniciar una investigación sin causa y sin denuncia previa. "El Ministerio Público Fiscal -dice- podrá iniciar causas genéricas si resulta necesario esclarecer alguna forma especial de criminalidad, sin autor identificado." La traducción al castellano de Graciela Camaño: "O sea, en nombre del narcotráfico meto en la parrilla a media oposición". El círculo se cierra. No era muy distinto el sistema judicial en tiempos de la última dictadura, cuando cualquiera podía ser acusado sin pruebas y sin denuncias.

Los jueces federales son el primer objetivo del nuevo combate cristinista. No más jueces como Bonadio o Ariel Lijo. Sería mejor que quedaran reducidos a simples jueces de garantías o, mejor aún, como jueces de paz. La independencia de la Justicia, de la que ayer hablaba Lorenzetti al lado de otros dos jueces supremos, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, es el segundo objetivo. ¿A qué retazos de independencia quedaría reducido el Poder Judicial si el control de las causas y de las investigaciones fuera a parar a manos de Gils Carbó? El tercer objetivo, aunque no el menos importante, es la creación de una malla protectora en la Justicia para los casos de corrupción que acechan al oficialismo, a la propia familia Kirchner y a los empresarios que se enriquecieron a la sombra del poder en la última década. Es probable que, al final del proceso, pueda conseguir muy poco. Todos los gobiernos creyeron que podían crear blindajes de protección para los tiempos en los que el poder se haya ido. Ninguno logró nunca nada.