Domingo 14 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa

Cristina, ante la obligación de echar a Boudou

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

El cristinismo se pavoneaba con ínfulas de eternidad cuando tropezó con la crisis vicepresidencial más grave de la historia. Amado Boudou debería renunciar, aunque fuera sólo por pudor institucional, pero lo hará cuando la Presidenta lo empuje de su cargo. Nunca antes. ¿Qué hará Cristina Kirchner? En estas horas, está furiosa tanto con Boudou como con el juez Claudio Bonadio. Diga lo que diga, jamás un vicepresidente estuvo asediado por tantas sospechas firmes de corrupción como el que ella eligió. Hubo otras crisis políticas e institucionales con los vicepresidentes de la Argentina, pero ninguno fue mandado a juicio oral por falsificar facturas y datos para evitar compartir bienes gananciales con su ex esposa. Es el delito de un oportunista sin límites ni calidad.

El peor problema de Boudou es la mentira. Otro juez, Ariel Lijo (que ya lo procesó por el caso Ciccone), está investigando nuevas facturas truchas del vicepresidente. Se trata de los viáticos eventuales que reciben los ministros cuando viajan al exterior. Es una suma muy superior a los viáticos fijos para hoteles y comidas. Los eventuales deben ser justificados. Boudou los habría justificado con recibos falsos. Lijo investiga también el supuesto enriquecimiento ilícito del vicepresidente. Parte de esa riqueza estaría formada por los viáticos que recibió en sus muchos viajes al exterior y que justificó con papeles inservibles.

Boudou le mintió también al juez Bonadio cuando formalmente informó sobre la fecha de compra del auto que lo mandó ahora a juicio oral. Ese auto debió estar viajando de Japón a la Argentina cuando él dijo haberlo comprado. Luego lo tuvo un primer dueño por dos o tres años, y sólo después de ese período fue adquirido por el ahora vicepresidente. La advertencia de un fiscal oportuno le evitó otra mentira. ¿Estado civil?, le preguntó el juez. Soltero, respondió Boudou. El fiscal se sorprendió: "¿Pero usted no está divorciado?", lo interrogó. Estaban tratando precisamente un delito asociado con la división de bienes del matrimonio. Sí, claro, contestó Boudou, medio aturdido. "Entonces su estado civil es divorciado, no soltero", le contestó el fiscal. La intervención del fiscal impidió que la mentira quedara asentada en el acta del interrogatorio.

No era la primera vez que mentía sobre su estado civil. Su ex esposa, Daniela Andriuolo, lo denunció por la división de bienes cuando lo vio hablando con Mirtha Legrand como el "soltero más codiciado del país". En este caso, le mentía a la opinión pública antes de ser vicepresidente. Mintió más tarde cuando fabricó facturas falsas, dio un domicilio inexistente y le cambió el número al motor del auto.

También le mintió al fiscal Carlos Rívolo cuando le dijo que había usado un avión de una empresa privada porque esos vuelos fueron ofrecidos a todos los senadores. Rívolo, que fue el primero y decisivo fiscal de la causa Ciccone, no se quedó con esa respuesta. Les preguntó a los 72 senadores que hay si era cierto que habían recibido esa invitación. Respondieron en masa: ninguno había recibido ninguna invitación. Boudou le había mentido otra vez a la Justicia.

Los primeros en contestar, antes de las 24 horas, fueron el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, y Aníbal Fernández, otrora fanático defensor del cristinismo. Rívolo investiga al vicepresidente por recibir dádivas en la función pública en un expediente que está en manos del juez federal Luis Rodríguez. Rodríguez viene con referencias contradictorias. Es conocida su relación frecuente con operadores del kirchnerismo en la Justicia, pero sus empleados aseguran que es un juez trabajador que nunca interfirió en la tarea de sus colaboradores. No cambió el equipo de empleados del juzgado cuando él llegó, hace poco.

El valor de un auto usado, viáticos cobrados y no gastados, un vuelo gratis a Necochea. Son delitos que sólo pueden cometer personas insignificantes. Boudou tiene, es cierto, el caso de la apropiación de Ciccone, la única empresa expropiada por la que ningún dueño reclamó nunca una indemnización. Cayó en el juicio oral por la más grosera y vulgar de todas las maniobras ilegales que cometió. Bonadio podrá decir muchas cosas, pero no negar que paralizó el expediente del auto, anterior al caso Ciccone, durante dos años. Dicen sus ayudantes que el juez no quiso sentar al vicepresidente de la Nación en el banquillo de los presuntos delincuentes por una causa tan burda. Hasta que estalló el caso Ciccone y Boudou fue procesado. Entonces, Bonadio resucitó la causa del auto.

Mucha más envergadura tiene, sin dudas, el caso de los hoteles de la Presidenta, que también investiga Bonadio. Es la familia presidencial la que está bajo la lupa de la Justicia. Es el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, quien firmó todas las actas del directorio de la empresa, en su nombre y en el de los herederos de Néstor Kirchner. El juez analiza ahora una extraña deuda millonaria de Cristina Kirchner con la familia Relats, administradora de otro de sus hoteles, Los Sauces, y también contratista de obras públicas.

Todo es viejo y chambón en el manejo del dinero negro del kirchnerismo. El lavado de dinero a través de los hoteles es una práctica que se dejó de usar en los años setenta. Por eso, tal vez, el propio Lázaro Báez está más preocupado por la causa de Bonadio (y por las cuentas en Suiza) que por la investigación del juez norteamericano en Nevada. Allí estarían más expuestos otros empresarios. Para peor, Báez mezcló a toda su familia en los inexplicables negocios que hizo durante la década de los Kirchner.

El kirchnerismo es ahora un animal herido. Golpea en el vacío, ciego y torpe. Pidió la recusación de Bonadio porque éste no averiguó si había en marcha otras causas de lavado de dinero. No era su obligación ni existen otras causas. La del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart es una investigación a Báez por evasión impositiva, no por lavado. El juez federal Sebastián Casanello no está investigando a los Kirchner ni a los Báez, sino a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar. Puede ser que en algún momento, lento y remiso como es, se encuentre con Báez, pero por ahora no llegó a él.

Los kirchneristas pidieron también investigar la salud del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt por su edad; Fayt es uno de los juristas más reconocidos por sus aportes a la interpretación de las leyes. También deslizó la sospecha de un parentesco de Fayt con el periodista de LA NACION José Claudio Escribano. La esposa de Fayt tiene el apellido Escribano, pero ningún vínculo familiar con el Escribano periodista. Más aún: José Claudio Escribano no la conoció nunca a la esposa de Fayt. Son familias con idéntico apellido que proceden, incluso, de regiones distintas de España. ¿Qué es todo eso sino una expresión inalcanzable de la chapucería?

La propia Cristina Kirchner vapuleó al jefe de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, a quien le ordenó que cambiara la cara en la inauguración de la nueva sede de esa institución. Despouy representa a la oposición, como lo manda la Constitución, e investigó al kirchnerismo desde 2003. Fue implacable. La semana pasada, la Presidenta le vio la cara por primera vez a Despouy. Fue el carácter de ella el que se agrió, pero le endilgó la mala cara al auditor, que había actuado hasta ese momento con correcta amabilidad. No estaba eufórico ni oficialista, es cierto, pero es el auditor general de la Nación, no un militante de La Cámpora.

El problema de la Presidenta no es Bonadio ni Fayt ni Despouy. Es Boudou ahora, y la obligación posterior de explicar cómo juntaron tanto dinero mientras gobernaban