Para EE.UU., la Argentina tiene "instituciones débiles" y una Justicia "ineficaz".

Jueves 24 de mayo de 2012 | 22:43


Para EE.UU., la Argentina tiene "instituciones débiles" y una Justicia "ineficaz".


En un duro informe, el Departamento de Estado indicó que el sistema judicial argentino está "politizado", lo que obstaculiza la lucha contra la corrupción


El Departamento de Estado norteamericano difundió hoy su informe anual en materia de derechos humanos en el que sostiene que la Argentina tiene "instituciones débiles" y una Justicia "ineficaz".
El capítulo "Corrupción Oficial y Transparencia gubernamental" del documento señala que "la ley proporciona penas criminales para la corrupción oficial" pero que reportes de la prensa sostienen que hay "funcionarios del Ejecutivo, legislativos y judiciales prometidos en prácticas corruptas con impunidad".
En ese contexto se refiere a "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado" que obstaculizan la lucha contar la corrupción.
Asimismo, menciona diversos casos de presunta corrupción como el caso por el que se investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; la investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales del oficialismo de 2007; y la causa que involucra al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por el presunto delito de haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar.
Por otro lado, menciona entre los principales problemas vinculados a los derechos humanos el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la Policía, que "a veces culmina con muertes", así como "acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa" y las "continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas".
Advierte sobre las "malas condiciones carcelarias" que incluyen el "maltrato a algunos prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de manera ocasional" y cita la preocupación por la "eficiencia judicial e independencia" y la "corrupción de funcionarios". Enciende el alerta sobre "la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados -sobre todo en el interior del país- y el trabajo infantil".
Con respecto a lo sucedido durante la última dictadura militar, el informe destaca que "las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas" y lo subraya como "un foco de la política del gobierno argentino en materia de derechos humanos". Comenta que hay "nuevas investigaciones sobre el 'plan sistemático' que tenía la última dictadura", que incluía "la apropiación de hijos de detenidos y el asesinato de los detenidos en los vuelos de la muerte".
Acerca de la libertad de prensa, el informe del Departamento de Estado recuerda que "la constitución asegura la libertad de palabra y de la prensa" y el gobierno nacional "con excepciones", "generalmente respeta en la práctica esos derechos".
No obstante indica que la Asociación Interamericana de Prensa (IAPA) y "otras organizaciones" expresaron su preocupación acerca del gobierno por la relación conflictiva y la censura indirecta" a ciertos medios de comunicación.
Cita que el 18 de octubre la Asamblea general de IAPA visitó al gobierno nacional para -según dijeron- "terminar la escalada de agresión contra medios de comunicación críticos" a la administración central.
Recuerda que el 28 de diciembre, la Presidenta firmó la ley de medios "que regula la producción, la comercialización y la distribución de papel de papel de prensa, estableciendo un precio uniforme para todo el papel e introduciendo nuevas exigencias de producción.
"Mientras los abogados de la ley dijeron esto 'democratiza' el acceso al papel de prensa, el IAPA lo describió una violación de la constitución y obligaciones de tratado internacionales, y expresó preocupaciones porque la ley permitiría al gobierno aumentar su parte" de Papel Prensa.
Incluso, recuerda que manifestantes "bloquearon la entrada de las plantas de impresión de Clarin y La Nacion, dos de los diarios más extensamente leídos", lo que fue descripto por IAPA "como un ataque contra la libertad de la prensa".
Agencia DyN

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