Manipulación del currículum de Daniel Reposo

Domingo 20 de mayo de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Pequeño error de tipeo

La manipulación del currículum de Daniel Reposo habla muy mal de su calidad ética para ser procurador general de la Nación

El cargo de procurador general de la Nación es el más alto dentro del escalafón del Ministerio Público. Por sus funciones, debe expedirse y dictaminar en todos los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia, defendiendo ante todo el interés del Estado. Sus decisiones son relevantes y, muy a menudo, la Corte se remite a los fundamentos expresados por el procurador general en su dictamen previo a la sentencia, lo cual otorga especial valor a su tarea.

El cargo ha sido ejercido y ocupado por personas de un reconocimiento indiscutible. Por nombrar sólo algunas, pensemos en Francisco Pico, Carlos Tejedor, Eduardo Costa, Julio Botet, José Nicolás Matienzo, Juan Alvarez, Sebastián Soler, Ramón Lascano, Enrique C. Petracchi, Elías P. Guastavino, Mario Justo López y, más recientemente, Juan Octavio Gauna y el hasta hace poco procurador Esteban Righi, quienes tenían una clara alineación partidaria -uno a la UCR y el otro al peronismo-, pero que accedieron al cargo avalados por una sólida y reconocida trayectoria.

Por ello, resulta sumamente grave institucionalmente que se haya postulado a Daniel Reposo, quien carece de los antecedentes necesarios para asumir tan alta magistratura, pues no satisface los requisitos mínimos indispensables para ser elevado por encima de tantos y tan buenos juristas que existen en el país, orgullo para la ciencia jurídica, con total independencia de su afiliación partidaria o ideas políticas. El procurador debe ser un par de sus colegas jueces de la Corte y, más allá de las preferencias o tendencias de unos y otros, la renovación y rejerarquización que conformó la Corte actual la dotó de un nivel profesional que Reposo no alcanza a satisfacer.

Se le ha objetado al postulante la inclusión, entre sus antecedentes, de supuestas conferencias nunca pronunciadas, no sólo la del acto al que asistió Ban Ki moon -del que se retractara diciendo que se trató de un "error de tipeo", al invocar que se colocó la palabra "disertante" en lugar de "participante"-, sino también en cursos en la Sigen, organismo que por entonces presidía, en los cuales nunca fue disertante sino, a lo sumo, dueño de casa. El poco creíble "error de tipeo" y el florido currículum con falaces desempeños habla muy mal de la ética del postulante a tan elevado cargo que, por otra parte, ya había modificado su currículum con anterioridad.

Parece bastante claro que su principal virtud sea su obediencia al gobierno actual, del cual se confiesa un "soldado", pero este antecedente, que puede ser importante para la militancia, no califica para un cargo que exige el más profundo respeto por la ley pues requiere la mejor de las defensas del Estado como Nación y no del gobierno de turno. Se es procurador de la Nación y no del kirchnerismo. Esta proclamada falta de independencia permite entrever la que podría ser la futura labor de un funcionario sesgado y con inclinación claramente unilateral y parcial. La tendencia a confundir los intereses del Estado con los del partido o del grupo gobernante resulta absolutamente incompatible con las funciones del procurador general.

La actuación de Reposo en Papel Prensa SA, a las órdenes del secretario de Comercio Interior, cuando desde su cargo en la Sigen instruía a los síndicos estatales y cuando le tocó ser síndico titular de la empresa, estuvo signada por desbordes de violencia física, ajenos a la dignidad propia de quien debe ocupar el cargo al que aspira. Estos saltaron a la vista a raíz de la reyerta que protagonizó con el abogado de un testigo que declaraba frente a la comisión fiscalizadora, o cuando manifestó su apoyo a Guillermo Moreno, en aquella intimidatoria asamblea en la que éste exhibió guantes de boxeo, y organizó la obstrucción de las cámaras de video que filmaban por orden judicial los actos asamblearios.

Al margen de los méritos que pueda tener para sus mandantes, lo antedicho no asegura ni siquiera mínimamente su necesaria adhesión a los principios del derecho como vehículo para la resolución de los conflictos individuales, sino más bien a metodologías y estilos extraños al proceder esperado de un jurista a cargo de la Procuración General de la Nación.

Un párrafo aparte merece la denunciada maniobra de alejar con un viaje a senadores que coinciden en que Reposo no cuenta con los antecedentes suficientes para el cargo, operativo que se vincula con una reunión de la OIT en fechas coincidentes con la votación del pliego en la Cámara alta. De ser cierta, resulta gravemente preocupante.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo ha modificado el currículum de Reposo luego de que éste reconociera la irregularidad denunciada por los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido y, sin embargo, no ha extendido el plazo para que la ciudadanía formule observaciones. La sociedad civil tiene todo el derecho de impugnar a una persona que ha cometido tal falta ética y, sin embargo, no ha tenido oportunidad de hacerlo, pues esa irregularidad no fue hecha pública sino el día en que vencía el plazo para hacerla. Tampoco se hizo pública la declaración jurada de bienes ni la de incompatibilidades presentada por el postulante, pese a que el decreto que regula el procedimiento de selección se dispuso para promover la participación ciudadana. Sin esa información, es limitada la posibilidad de realizar observaciones vinculadas al proceder del candidato en la función pública.

La remoción de Righi y la postulación de Reposo para su reemplazo no parecerían estar desvinculadas de la investigación de la que está siendo objeto el vicepresidente Amado Boudou. Reemplazar a un funcionario independiente por otro que en el pasado tuviera dependencia directa del actual vicepresidente parece un modo de influir en el proceso en curso, que no les hace bien a ninguno de los dos funcionarios.

Finalmente, ha llegado el momento de avanzar hacia la institucionalidad plena, otorgando para ello a cada magistratura republicana el lugar de honor que le corresponde y, en este sentido, la Cámara alta debe dar el ejemplo y exigir que se elija a quienes exhiban pergaminos intachables como juristas independientes, de cualquier ideología, pero imparciales respecto del poder: esclavos sólo de la ley, como los griegos, no de quienes circunstancialmente están a cargo del Gobierno. El Congreso de la Nación tendrá una insoslayable responsabilidad. Como señaba días atrás en las páginas de este diario Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de ser ratificado Reposo por el Senado estaríamos frente al mayor retroceso institucional de los últimos tiempos.

La Nación